La Judicatura, cuestionada por su facultad de sanción

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) nació en Ecuador en 1993, aunque en realidad comenzó a funcionar cinco años más tarde.

La Constitución de ese año lo ratificó como órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

Pero desde su inicio careció de una verdadera autonomía y funcionalidad, porque era dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Seis judicaturas en 11 años
En la Constitución de 2008 se establecieron cambios en la administración de justicia y se otorgó un rol de mayor trascendencia al entonces CNJ.

En su calidad de presidente de la CSJ, Roberto Gómez presidía a esa fecha la Judicatura y fue el último en cumplir ambas funciones.

Esto porque el mismo 2008, cambió de nombre el CNJ por Consejo de la Judicatura (CJ) y la Asamblea Constituyente nombró a los nuevos integrantes para un período de seis años.

No obstante, bajo el nombre de enmiendas constitucionales,  el 7 de mayo de 2011 se producen cambios en la Judicatura, (ver infografía), y los integrantes del organismo tuvieron que dejar sus cargos.

Ahí es cuando surge una tercera administración del período 2008-2019, pero transitoria. El 26 de julio de 2011, son posesionados los tres vocales de la Judicatura temporal, Paulo Rodríguez, Tania Arias y FernandoYávar.

Para Julio César Trujillo, los temas resueltos en ese referéndum y consulta “significan una regresión en materia de derechos y garantías; que violaron la Constitución en cuanto al procedimiento y en su contenido”.

Tras un concurso público realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el 23 enero de 2013, son posesionados Tania Arias, Néstor Arbito, Karina Peralta, Gustavo Jalkh y Paulo Rodríguez, como vocales de la Judicatura para seis años.

Pero tampoco pudieron cumplir con el tiempo para el cual fueron asignados porque el 4 de junio de 2018 el CPCCS Transitorio los cesa en sus cargos por presuntas irregularidades cometidas.

Diez días después, el mismo Consejo de Participación nombra a Marcelo Merlo, Aquiles Rigaíl, Ximena Porras, Zobeida Aragundi y Juan Pablo Albán, como otra Judicatura transitoria. La quinta del período.

Estos finalmente fueron reemplazados el 29 de enero de 2019, por los nuevos cinco vocales, designados en concurso público, que se espera cumplan funciones hasta 2025 (ver recuadro).

Judicatura afín al Gobierno
De las seis judicaturas del período 2008 a la fecha, la más cuestionada ha sido la de 2013 a 2018, por la vinculación de sus integrantes con el régimen de Rafael Correa.

Gustavo Jalkh fue ministro de Justicia, del Interior y Secretario Particular de la Presidencia, en el gobierno de la revolución ciudadana.

Néstor Arbito se desempeñó como ministro de Justicia, subsecretario de Coordinación Jurisdiccional del mismo ministerio y asesor 2 de Despacho de la cartera de Electricidad.

Ana Karina Peralta ocupó el cargo de viceministra de Justicia en 2009 y fue asesora jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación.

Alejandro Subía, quien reemplazó a Paulo Rodríguez,  fue asesor presidencial de Informática Gubernamental.

A la quinta vocal, Tania Arias, la reemplazó Rosa Jiménez, quien fue consejera de la Delegación Electoral del Guayas y trabajó con Jalkh. A ellos se les adjudica haber permitido el control del gobierno de Correa en la administración de justicia.

Las irregularidades
Una investigación del experto peruano Luis Pásara, publicada en 2014 por tres organizaciones internacionales, denuncia que en Ecuador se ha detectado la persecución contra los jueces por fallos que no gustan al presidente Correa o a altos funcionarios y el uso de la justicia para criminalizar a opositores políticos y a críticos del gobierno.

En 2015, la organización Human Rights Watch también cuestionó la destitución de los magistrados y aseguró que los métodos aplicados para la separación son “seriamente cuestionables”.

El exjuez José Villagrán del denominado comité de jueces destituidos por el CJ, por el llamado error inexcusable, denunció que se les sancionó por no acatar las presiones del gobierno.

Esto coincide con el argumento del CPCCS Transitorio de 2018 para cesar en funciones el 4 de junio del mismo año a los integrantes del CJ presidido por Jalkh.

Para el penalista Miguel Revelo, para solucionar este problema se debe cambiar la forma de elegir a los miembros del CJ, ya no por ternas, sino mediante concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana.

La nueva administración del CJ presidido por María del Carmen Maldonado, tiene la misión de mejorar la imagen institucional del organismo de justicia. (I)

Lea mañana, Los retos de la Fiscalía General del Estado.