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Consejero del CPCCS rindió versión por desmanes en Ibarra

Cinco personas fueron detenidas ayer por presuntamente protagonizar desmanes cuando las autoridades tenían previsto ingresar al FCME en Ibarra. Foto: Fiscalía
Cinco personas fueron detenidas ayer por presuntamente protagonizar desmanes cuando las autoridades tenían previsto ingresar al FCME en Ibarra. Foto: Fiscalía
19 de mayo de 2015 - 14:01

David R., integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ingresó hoy, a las 10:00, a la Unidad de Flagrancias en Quito, ubicado en las avenidas Patria y 9 de Octubre, luego de que fuera trasladado desde Ibarra (Imbabura), en donde fue detenido.

El consejero fue aprehendido ayer, alrededor de las 18:00, junto a otras 4 personas, por supuestamente impedir el ingreso a funcionarios del Banco Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) en las instalaciones del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. El hecho habría degenerado en varios enfrentamientos con la fuerza pública.

El abogado Ramiro García llegó a las dependencias judiciales, cerca de las 12:00, para patrocinar a los detenidos. Dijo que Rosero tiene fuero de corte por su calidad de miembro del CPCCS, por ello la calificación de la supuesta falta la realizará un magistrado de la Corte Nacional de Justicia. “Hasta el momento no sabemos el tipo de delito que supuestamente se cometió, esta detención es arbitraria sin ninguna razón”, apuntó.

Hasta las dependencia judiciales llegaron varios simpatizantes de los detenidos entre los cuales constan, además de Rosero, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) Ibarra, Jaime V., así como Mario L., Roberto V., e Irene M.

Una vez que los acusados rindan su testimonio, en la CNJ se sorteará la causa por el fuero de corte que ostenta el consejero detenido, quien al momento se encuentra en funciones prorrogadas hasta junio en que se renovará el CPCCS.

Según fuentes de la Fiscalía, la audiencia se efectuaría esta tarde por el delito de ataque o resistencia a los agentes de la fuerza pública, tipificado en el articulo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y que tiene una pena de 6 meses a 2 años. La fiscal subrogante Cecilia Armas sustanciará el proceso. (I)

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