Los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) acudieron este jueves 10 de enero a la Fiscalía General para reconocer la firma y rubrica en la denuncia que presentaron contra el expresidente Rafael Correa, por su responsabilidad en los hechos del 30 de septiembre de 2010 (30-S).

Con esta diligencia se formaliza la denuncia entregada el pasado 13 de septiembre sobre supuestos delitos cometidos por el exmandatario durante la asonada policial del 30-S.

Isabel Robalino, Patricio Celi, Simón Espinosa, Germán Rodas, Jorge Rodríguez, Ramiro Román y José Francisco Muñoz, acudieron a este requerimiento.

Para Jorge Rodríguez, coordinador de la CNA, el fiscal del caso debe investigar y establecer las responsabilidades penales del expresidente Correa, de los jefes militares, policiales y civiles que participaron durante los hechos.

Sobre todo, pide una investigación profunda respecto a las disposiciones impartidas para las acciones que causaron la muerte de diez personas, de estas cinco en Quito y las otras cinco en Guayaquil.

A su criterio, el expresidente tendría responsabilidad directa de los cinco fallecidos en la capital, lo cual se determinará cuando concluya la indagación.

El comisionado Germán Rodas considera imprescindible que se haga una investigación sobre los hechos que ocurrieron, provocados desde el poder político, manejado por el entonces presidente Correa.

Esto porque no solo se sancionará a los culpables, sino porque “a partir de esa realidad se podrá ir articulando de forma adecuada el expediente necesario para ir al tema de un crimen de lesa humanidad”.

“El expediente tendrá que irse construyendo, ahora estamos hablando sobre el tema del 30-S, aspiramos a que la Fiscalía actúe con decisión y voluntad”, sostuvo.

Por denuncia de la Asociación de Víctimas del 30-S, en la Fiscalía General del Estado también se lleva adelante una investigación sobre el tema. (I)