Especial coronavirus

Cinco grandes casos esperan la orden para reactivarse

- 29 de marzo de 2020 - 00:00
Ilustración: El Telégrafo

Por la emergencia sanitaria, Sobornos, Singue, Diezmos, Rebelión y de Ola B. fueron suspendidos cuando estaban en fase decisiva. En el primero se espera la sentencia.

La declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a causa del incremento de casos de coronavirus ocasionó que las audiencias de evaluación y preparatoria de juicio y de juzgamiento en varios casos de interés público fueran suspendidas y diferidas.

Sin embargo, cinco son los grandes procesos judiciales de interés nacional, ya sea por la magnitud del delito, por las personas que son procesadas o por la cantidad del perjuicio que han ocasionado al Estado y que ha afectado a todos los ecuatorianos.

Se trata de los denominados casos Sobornos 2012-2016; Singue; Diezmos; Rebelión y del sueco Ola B. Los tres primeros ya en etapa de juzgamiento y los otros en preparatoria para entrar a juicio.

La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, afirmó que la justicia no se puede paralizar, pero admitió que al momento, por la pandemia covid-19, están trabajando solo las unidades de flagrancia atendiendo casos penales, de violencia de género, contra la mujer, niños y adolescentes, adolescentes infractores y tránsito.

No descartó la posibilidad de que se reactiven los grandes casos, pero mediante videoconferencia.

Por Sobornos el Tribunal debe emitir sentencia

Una vez que terminó la audiencia de juicio, las partes procesales esperan que el Tribunal Penal integrado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez convoque a una audiencia para leer la sentencia.

Entre los procesados se encuentran el expresidente Rafael C.; el exsegundo mandatario, Jorge G.; el exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis M.; los exministros Vinicio A., María de los Ángeles D. y Walter S.; las exfuncionarias presidenciales Pamela M. y Laura T., así como 10 empresarios.

Todos son acusados de cohecho al haber estructurado una red de corrupción para recaudar aportes de los empresarios para las actividades políticas del gobierno de la Revolución Ciudadana a cambio de asegurarles contratos con el Estado.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó a los jueces que le impongan al expresidente Rafael C. una pena de ocho años de prisión.

El juicio del caso Singue, listo para su reinstalación

La reinstalación de la audiencia de juicio prevista para las 09:30 del lunes 16 de marzo se suspendió debido a la emergencia sanitaria por el covid-19.

En esta causa son juzgadas 15 personas, entre ellas el exvicepresidente Jorge G., los exministros Carlos P. Y. y Wilson P., quienes podrían enfrentar una pena de 8 a 12 años de cárcel, debido a que este proceso será juzgado con el Código Penal vigente hasta 2014.

La investigación de este caso se inició con base en el Informe DASE 044-2017, con indicios de responsabilidad penal (IRP), emitido por la Contraloría General del Estado, donde se establecen “irregularidades en la negociación y firma” del contrato del campo Singue, que causó un perjuicio económico al Estado por alrededor de $ 28 millones.

Según la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el delito se habría cometido al realizar el cálculo de $ 33,5 por barril de petróleo, para la explotación del bloque durante 20 años.

Juzgamiento por rebelión tendrá nueva fecha

En la Corte de Justicia de Pichincha estaba previsto que el viernes 20 de marzo se instalara la audiencia preparatoria de juicio por el delito de rebelión, cometido durante las violentas protestas de octubre de 2019.

Debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus tuvo que ser suspendida y la jueza de la causa deberá fijar nueva hora y fecha para que se cumpla la diligencia.

En este caso son acusados la prefecta de Pichincha, Paola P.; el exlegislador Virgilio H.; y el militante de la Revolución Ciudadana, Christian G. En la audiencia, el fiscal Alberto Santillán deberá presentar su acusación y la jueza decidir si llama o no a juicio.

Paola P. estuvo detenida desde el 14 de octubre hasta la madrugada del 25 de diciembre de 2019, cuando fue liberada por la revocatoria de su prisión dispuesta por Patlova Guerra, presidenta subrogante de la Corte de Justicia de Pichincha.

La audiencia contra el sueco Ola B. en espera

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de acceso no consentido a un sistema informático, en el que son procesados el sueco Ola B. y el ecuatoriano Marco A., dispuesta para el martes 17 de marzo, también se difirió en el Complejo Judicial Norte de Quito a causa de la emergencia sanitaria.

La diligencia ha sido suspendida por varias ocasiones y ha sufrido incidentes de excusas, recusaciones y competencia, resueltos en la Corte de Justicia de Pichincha.

Carlos Soria, defensor de Ola B., señaló que es la cuarta vez que se difiere la diligencia y aclaró que en este caso no hay peligro de caducidad de prisión ni prescribe la acción penal.

Ola B. fue detenido el 12 de abril de 2019, luego de ser acusado de colaborar con el hacker australiano Julian Assange de WikiLeaks. El sueco negó la acusación, pero reconoció ser su amigo personal.

Exasambleísta espera el juicio por los diezmos

Para el 19 de marzo estuvo dispuesta en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia de juzgamiento por el delito de concusión contra la exasambleísta Norma V., pero esta también quedó diferida y aún no hay nueva fecha.

En el denominado caso diezmos la exfuncionaria es acusada de cobrar aportes ilegales a sus excolaboradores legislativos para el movimiento Alianza PAIS, durante el gobierno de Rafael Correa, a cambio de mantenerlos en sus cargos.

Por disposición del juez Iván Saquicela, la exlegisladora, quien padece de una grave enfermedad, tiene prohibición de salida del país, debe presentarse cada semana en la CNJ y está prohibida de enajenar bienes por $ 20.305.

Dentro del mismo caso diezmos, la Fiscalía General solicitó a la CNJ fijar hora y fecha para la audiencia de formulación de cargos contra la actual asambleísta Karina Arteaga y la exlegisladora Nivea Vélez. (I)

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