Investigación del caso Juliana se aceleró en 2017

- 20 de julio de 2019 - 00:00
En la audiencia de juicio, la madre de la víctima muestra las fotos con las que se inició la búsqueda.
Foto: Miguel Jiménez / EL TELÉGRAFO

Los familiares de la joven desaparecida señalan que en la investigación no solo se perdió tiempo por el silencio de Jonathan C., sino por falta de reacción de la Fiscalía.

Si bien el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha emitió una sentencia de 25 años de prisión contra el pastor evangélico Jonathan C., tal y como se solicitó en la diligencia, la defensa de la familia de Juliana Campoverde sintió que el dictamen quedó incompleto. 

En los alegatos finales del juicio, Ramiro García, abogado de Absalón Campoverde (padre), solicitó una sanción a los fiscales que fueron designados a lo largo de la causa por prolongar el proceso.

No obstante, el Tribunal no se pronunció.

El expediente da cuenta de 120 cuerpos, dentro de los cuales se receptaron siete versiones del guía religioso: una versión principal y seis ampliaciones.

 A lo largo de sus páginas desfilaron 10 fiscales antes de que llegara a manos de la agente Mayra Soria, quien impulsó el caso hasta llegar a la condena del pastor y una reparación económica de $ 100 mil para los deudos de la joven, desaparecida el 7 de julio de 2012.

De acuerdo con el expediente, la causa se inició el 9 de julio de ese año con procesos administrativos.

El trámite estuvo a cargo de la fiscal Ligia Villacrés, quien -entre otras diligencias- designó a agentes policiales para iniciar con las  indagaciones y solicitó a las operadoras Movistar y Claro un informe de llamadas entrantes y salientes entre el 2 y el 9 de julio.

En esa época se conoció una de las primeras pruebas falsas de vida: Juliana supuestamente envió un mensaje en el que decía que se contactaría cuando tuviera internet. 

Absalón Campoverde cuestionó que no hubo reacción inmediata por parte de la fiscal. El archivo registra que recién el 27 de julio se pidió difundir una alerta a la televisión y a las radios y el 8 de agosto se tomó la versión de Jonathan C.

 El padre de la joven contó  que Villacrés mostró renuencia a seguir la causa, advirtiendo que no podía seguir el proceso porque ella también era evangélica.

El 9 de agosto de ese año, Elizabeth Rodríguez (madre) ingresó un documento con el que solicitó a la fiscal excusarse de continuar la investigación “por tener lazos con los pastores de la Iglesia Oasis de Esperanza y asistir a la Iglesia Evangélica Comunidad de Fe”.

 El 14 de agosto entró al caso Jorge Nogales, hasta el 18 de septiembre, cuando la causa pasó a manos de Jorge Chávez, quien volvió a pedir una versión de Jonathan C., de su padre y de sus hermanos y ofició a la Unase a designar investigadores.

 El 15 de octubre de 2012, la causa llegó al escritorio de Vicente Reinoso, quien receptó una versión contradictoria del guía evangélico. Para el 17 de noviembre, el fiscal Jorge Cano pidió certificados del cuerpo eclesiástico.

Las versiones de los miembros de la iglesia continuaron con el fiscal Galiano Balcázar. Al 4 de julio de 2013, la fiscal Laura Machuca delegó al agente Ítalo Rojas, quien tras varios peritajes concluyó que Juliana “desapareció debido a una acción criminal”.

En la gestión de Machuca también se conoció de un informe en donde se encontraron cientos de imágenes de Juliana y 500 gigas de pornografía con mujeres del mismo rasgo físico que la joven.

 El caso pasó  a otros agentes, entre ellos Paola Solís, Jorge Flores y Pablo Jaramillo.  Stéfany Alvear, también abogada de Campoverde, cuestionó en particular la falta de reacción de Machuca.

A decir de la jurista, hasta la etapa de investigación que ella cumplió ya se habían reunido elementos para pasar a la formulación de cargos, pero no se lo hizo. 

  Alvear aplaudió que el Tribunal dispusiera el inicio de una capacitación para policías y fiscales con enfoque de género.

“Esto ayudará a que los agentes pongan prioridad en estos casos”, aseguró la jurista. (I)  

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