El fondo que dio $ 6.000 a Rafael C. nunca existió

- 21 de febrero de 2020 - 00:00
El procurador del Estado, Íñigo Salvador, es el siguiente en presentar sus pruebas en la audiencia de juicio.
Foto: Álvaro Pérez / El Telégrafo

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, concluyó la presentación de sus pruebas con las que sustentó que se cometió el delito de cohecho en el caso Sobornos.

El denominado Fondo de Solidaridad, instaurado en el anterior gobierno como una instancia de ayuda y del que el expresidente Rafael C. recibió un depósito de $ 6.000, nunca existió.

Esto fue demostrado este jueves 20 de febrero de 2020 por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en el séptimo día de audiencia del caso Sobornos 2012-2016, por el que son procesados 21 personas que habrían incurrido en el delito de cohecho.

Luego de que el miércoles 19 de febrero concluyera con la presentación de las pruebas testimoniales y periciales, este jueves 20 la Fiscal presentó sus pruebas documentales.

Entre ellas certificaciones de la Presidencia de la República sobre la inexistencia del fondo de solidaridad, con lo que se afianzó la tesis de que el supuesto préstamo que recibió el expresidente salió de los recursos provenientes de los sobornos de las empresas contratistas con el Estado.  

Otro documento decía que no había autorización para arrendar oficinas en el edificio Concorde, desde donde despachaba Pamela M., la exasesora de Rafael C., quien era el brazo ejecutor de las órdenes del exmandatario.

Alrededor de tres horas le tomó a la fiscal general dar a conocer la prueba documental con que contaba, para robustecer su teoría de que en el anterior gobierno se constituyó una supuesta estructura criminal involucrada en la recepción y distribución de supuestos aportes de empresas contratistas del Estado, a cambio de asegurarles contratos.

Oficios, documentos, facturas, copias de contratos e información de instituciones públicas fueron presentados en 27 carpetas. En la tarde, los abogados de los procesados accedieron a estas pruebas documentales de la Fiscalía para poder revisarlas y, de ser necesario, emitir objeciones y argumentaciones a las mismas.

Pruebas suficientes

Para la fiscal general Diana Salazar, los tres testimonios anticipados, los 31 testigos y peritos, así como las 27 carpetas con documentos, son pruebas “más que suficientes para demostrar que los 21 procesados cometieron el delito de cohecho”.

Justificó la decisión de presentar solo 34 pruebas entre testimonios, testigos y peritos de las 166 que anunció, aduciendo que eso fue suficiente para comprobar la teoría del caso.

Además reiteró que una pericia técnica científica determinó que el expresidente Rafael C. encabezó y organizó una “estructura delictiva” que operó entre el 2012 y el 2016, la cual bajo la modalidad de cruce de facturas y en efectivo recibió sobornos.

Salazar indicó que entre las pruebas que ahora son parte del expediente, está la información que corresponde a las facturas de los proveedores que entregaron el servicio al movimiento Alianza PAIS y al gobierno anterior para varios de sus proyectos. Estas fueron canceladas por las empresas. “Estas empresas no fueron beneficiarias de los servicios, sino de millonarios contratos”, aseguró.

Harrison Salcedo, abogado del exvicepresidente Jorge G., aseguró que Fiscalía no tiene evidencias suficientes para comprobar que su cliente cometió el delito.

Calixto Vallejo, abogado de Viviana B., aseguró que Fiscalía no tiene ni ha presentado una sola prueba contra su defendida.

Las pruebas
3 testimonios anticipados
En la audiencia de juicio la fiscal general del Estado, Diana Salazar, inició la presentación de sus pruebas con los testimonios anticipados que rindieron las procesadas Pamela M. y Laura T., así como del exejecutivo de Odebrecht, José Santos.

31 testimonios de peritos y testigos presentó la Fiscalía, de los 163 que en principio había anunciado.   

27 carpetas con documentos
Oficios, cartas, copias de contratos, facturas, entre otros, constan en las 27 carpetas que presentó la fiscal general en la audiencia de juzgamiento, como pruebas documentales para demostrar el delito. (I)

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