Caso Singue: el perjuicio al Estado ecuatoriano puede ser superior a los $ 28 millones

Entre la mañana y tarde del tercer día de la audiencia de juicio, la Fiscalía ha convocado a seis testigos. Entre ellos peritos que realizaron varios análisis técnicos.
14 de octubre de 2020 16:38

Wilson Toainga, fiscal General Subrogante, continúa con la prueba testimonial dentro del juicio por el denominado caso "Singue". La diligencia se lleva a cabo en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En la causa por presunto delito de peculado están procesadas 14 personas, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas, así como los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli, Wilson Pástor y su hija Silvana Pástor.

El caso se habría suscitado en 2012 cuando la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un contrato para la exploración y explotación del Bloque Singue. Sin embargo, el convenio ha generado un millonario perjuicio al Estado.

En la mañana de este miércoles 14 de octubre, fue convocado Franklin Paredes, ingeniero geólogo, quien detalló sus labores cuando -en 1988- realizó la interpretación de la zona del campo Singue. Entre otras conclusiones, el técnico reconoció que "había mejores pozos para explotar".

Luego fue llamado a declarar Jorge Iglesias, quien fue auditor operativo de un examen especial de contrato precontractual y contractual para la exploración del campo Singue, planificado por $ 27 millones.

Recordó que en 2014 se reunió el Comité de Supervisión para recomendar la sustitución de un pozo exploratorio por dos de desarrollo. En esa acta participó como presidenta Silvana Pástor, quien además intervino en dos actas del Comité de Supervisión. 

Después se llamó a Giovanni Francisco Mera, quien -en 2011- laboró en la Contraloría en la Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos.

En su versión concluyó que el contrato de explotación debía ser descalificado ya que no se cumplió con los requisitos de formulario número 1 y número 4. Añadió que la empresa DGC tampoco cumplió con los procesos de norma.

La Fiscalía también llamó a la perito contable financiera Nubia Almeida.

Entre las conclusiones, la agente indicó que existe un perjuicio de $ 28.479.889, que dejó de percibir el Estado y advirtió que la pérdida sigue en marcha. "Lo califico en marcha porque el contrato sigue vigente. Puede darse un valor mayor de perjuicio en los años subsiguientes", advirtió Almeida. (I)