Lucha contra la corrupción

Una empresa de Salcedo obtuvo 13 contratos con entidades del Estado

- 08 de julio de 2020 - 00:00
Foto: Archivo / El Telégrafo

La salud de Daniel S. B. es crítica señala un informe del hospital. La jueza Mónica Caicedo atendió el pedido de la defensa y dispuso que un perito médico especializado acuda al sitio a establecer las condiciones médicas del procesado.

Hoy miércoles 8 de julio de 2020 se cumple un mes del accidente de la avioneta, de propiedad de la empresa Granjas Marinas Doble A., en la que resultó gravemente herido Daniel Josué Salcedo Bonilla. Este cumplirá el viernes, 10 de julio, un mes de estar asilado en el hospital Abel Gilbert Pontón, ubicado en el sur de Guayaquil.

Un informe de la casa de la institución dice que el estado de salud del paciente es crítico, permanece sedado para que su cerebro se desinflame y solo dos horas está despierto para su alimentación vía oral. Pero que evoluciona de una manera favorable.

“Él no se ubica en el tiempo y el espacio. El médico especialista de apellido Gutiérrez dijo que tenía varias fracturas y la recuperación era lenta”, detalló la abogada Luz María Pico, defensora de Daniel Salcedo, en una entrevista con Diario El TELÉGRAFO.

Pico, quien fue contratada por Katya Bonilla, madre de Daniel, interpuso un recurso de hábeas corpus para conocer el verdadero estado de salud de su cliente. Fue ahí que junto con jueces de la Corte de Justicia de Guayas ingresaron hasta el área de cuidados intensivos, sitio custodiado por más de 20 policías.

Ellos verificaron en esa ocasión que el paciente recibía una atención médica excelente y que no era el momento de trasladarlo a Quito como era la intención de la Fiscalía General del Estado.

Por ello solicitó una evaluación del estado de salud de su defendido. La jueza Mónica Caicedo acogió el pedido y dispuso que Fiscalía designe un perito médico legista para que establezcan las condiciones de salud de Daniel S. B., procesado por su presunta participación en los delitos de peculado y fraude procesal.

Que se diga la verdad

Pico asegura que el objetivo de la defensa es colaborar con la Fiscalía y se diga la verdad de los hechos. “Porque es falso que se hallaron $ 15 millones en la avioneta; tampoco es verdad que los inmuebles adquiridos en Estados Unidos sean producto de la corrupción”.

Desde 2018, el señor Salcedo tiene dos inmuebles en Estados Unidos; y, según las escrituras, uno fue adquirido en $ 450.000; y el segundo, en $520.000. Ambos fueron comprados con préstamos hipotecarios de bancos norteamericanos. Por ello, deben pagar $ 3.000 mensuales. Y para recuperar el dinero alquilan esas propiedades, ubicadas en Florida.

Empresas de Salcedo

La exjueza de lo Penal de Guayas sostiene que se le quiere hacer daño a su defendido y a las empresas que representa. “Aquí no hay peculado, lavado de activos ni fraude procesal”.

El delito de peculado lo contempla el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y tiene relación con actos de corrupción cometidos por servidores públicos. “Salcedo no es funcionario público”.. También cuestiona el delito de fraude procesal, que está tipificado en el artículo 272 del COIP. que es llevar a engaño a un juzgador.

Pico reconoce que su cliente tiene 11 empresas, ubicadas en Guayaquil. Diez no tienen contratos con el Estado; así lo certifica el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Dos de esas empresas no tienen ruc ni cuenta corriente.

Además, dos compañías están en liquidación. Dos son representadas por los hermanos Salcedo: en dos firmas solo figura Daniel Josué, el resto están gerenciadas por otras personas, según la Superintendencia de Compañías.

Sin embargo, la empresa HDC Producciones, dirigida por su cliente obtuvo en siete años, (2013-2019), 13 contratos con instituciones del Estado, una de ellas Inmobiliar, que utilizó sus servicios por tres ocasiones; la segunda con un presupuesto de $76.222; y CNT firmó dos, el último, en 2019, tuvo un prepuesto referencial de $ 1’900.000, de acuerdo con informes de Sercop.

Pico asegura que la empresa HDC Producciones en este año 2020 no ha tenido contratos con el Estado, ni tampoco ha participado en el contrato de las 4.000 fundas para cadáveres, que es motivo de la investigación de peculado. “Tienen que investigar a la empresa Silverti, que contrató con el Estado. Y mi cliente nada tiene que ver con ella”, aseguró.

En torno al carné de discapacidad que tiene su cliente, dijo que él padece del 41% de discapacidad auditiva. (I)

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