La tarde de este martes 22 de diciembre, la Fiscalía General del Estado reformuló cargos, contra los oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo Luis Castro, Vicente Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera.

La diligencia se llevó a cabo en el Complejo Judicial Norte, donde la fiscal Claudia Romero, solicitó a la jueza el cambio del delito de homicidio por asesinato, tras el fallecimiento del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortéz durante los hechos registrados el 30 de septiembre de 2010.
Entre los argumentos que expuso Romero se encuentra una violación a los derechos humanos.

La Jueza del caso, Luz María Ortiz,aceptó la reformulación de cargos solicitada por Romero y además ratificó la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad y prohibición de salida de país para todos los procesados.

Los hechos investigados por Fiscalía se registraron en el operativo con el cual se extrajo del Hospital de la Policía Nacional, en Quito, al expresidente Rafael Correa, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.

Los procesados estuvieron al frente de la cadena de mando para la ejecución del operativo de rescate.

En ese contexto, Luis Castro dirigió el operativo de extracción del ex Mandatario, el general  Hegel Peñaherrera era el comandante de la Fuerza de Tarea 4, el general de Brigada  Jorge Peña. cumplía las funciones de director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco),  Vicente Guzmán era comandante del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y Jorge Merino, comandante del Grupo Especial de Comandos.

La protesta policial se produjo por la entrada en vigor de la Ley de Servicio Público, aprobada el 11 de agosto de 2010. Sin embargo, la versión oficial del Gobierno anterior fue que la revuelta fue un intento de golpe de estado planificado.

Estaba previsto continuar con la audiencia de vinculación de otras cuatro personas al proceso, luego de que, en la investigación, aparecieran elementos que hacen presumir su participación en el delito. Sin embargo, la misma fue suspendida hasta el 24 de diciembre.

La reformulación de cargos durará 30 días más, dentro de los cuales las partes procesales deben presentar pruebas de cargo y descargo.

Lo que señala la norma
De acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía, se seguirá la investigación con base en lo tipificado en el artículo 140, numerales 2, 4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señalan que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de entre 22 y 26 años.

En caso de que inconcurra en alguna de las siguientes circunstancias: (2) colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta situación; (4) buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado y (5) utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos. (I)