Asamblea aprobó amnistía para 20 dirigentes indígenas de Cañar

- 30 de julio de 2020 - 21:07
En redes sociales, miembros de las comunidades apoyaron el paso de la amnistía.
Tomada de Twitter Conaie

Con 112 votos afirmativos, dos en en blanco y 19 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó la solicitud de amnistía para 20 autoridades indígenas. 

Los líderes fueron procesados por administrar justicia indígena en San Pedro de Cañar. Esta votación en bloque se realizó luego de cinco horas de debate en la Sesión N° 678 del Pleno de la Asamblea Nacional. El análisis se realiza desde las 14:00, a través de vía Zoom.

En el Pleno, hubo 13 intervenciones. Entre estas, el asambleísta José Serrano, quien señaló que la amnistía es una potestad del Legislativo, pero también puede configurarse para corregir las "imperfecciones del sistema judicial".

El informe favorable de la solicitud de amnistía fue aprobado por la Comisión de Justicia, el pasafo 8 de julio y presentado por Serrano. 

También intervino la abogada Verónica Yuquilema, quien manifestó que el Derecho Indígena debe ser analizado de forma integral, despejándose el pensamiento colonial.

"Las 25 comunidades de San Pedro de Cañar han dado continuidad a su derecho propio para resolver sus conflictos internos", expresó.

Sergio Paucar, líder de la Comunidad de San Pedro de Cañar, solicitó en nombre de su familia y sus antepasados, que se conceda la amnistía, ya que "no es un delito ejercer la justicia indígena. Es un derecho propio, que lo hemos administrado", dijo.

Se espera que en los próximos minutos se de paso a la votación. 

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Los antecedentes 

Este grupo de indígenas fue criminalizado por administrar justicia indígena en la comunidad de San Pedro de Cañar, en la sierra sur de Ecuador.

De acuerdo a información difundida por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), algunas autoridades fueron sentenciadas a 5 años de privación de libertad.

Un grupo cumple la pena en el Centro de Rehabilitación Social Turi en Cuenca Azuay y en el Centro de Detención de Personas Adultas en Conflicto con la ley de Cañar. Varios líderes están en régimen abierto y regresaron a sus comunidades.

La administración de Justicia se administra a través del Consejo de Justicia Indígena de los altos del Cañar desde los años 70.

El Consejo ha resuelto casos de violencia intrafamiliar, conflictos de tierra, cuatrerismo y hasta llegó a su conocimiento un incidente de violencia sexual, delito que fue conocido por la justicia ordinaria pero acompañado por los líderes del Consejo de Justicia Indígena.

Sin embargo, se empezó a perseguir y criminalizar a los miembros de la comunidad y los integrantes del Consejo de Justicia Indígena y se iniciaron procesos judiciales en su contra por los supuestos delitos de secuestro, secuestro extorsivo y daño al bien público.

Los casos más connotados en la comunidad de El Cañar

Luis Eduardo Calle Calle: fue privado de la libertad el 20 de octubre del 2016 y condenado a cinco años por un supuesto secuestro perpetrado el 9 de junio de 2015.

Fue trasladado al Centro de Rehabilitación entre 2015 y 2017 y después fue trasladado a Cañar, donde pasó un año dos meses. Salió el 26 de noviembre de 2018.

Manuel María Calle Calle: fue privado de libertad el 20 de octubre de 2016. Al igual que su hermano Luis Eduardo, lo acusaron de secuestro. Cumplió su pena desde el 20 de octubre de 2016 hasta el 16 de noviembre del 2018, en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en conflicto con la ley en Cañar.

Alberto Peñafiel, familiar de los dos, los acusó de secuestro por problemas de terrenos de una tía.

Caso Abogados: el 2 de septiembre de 2015, miembros de la comunidad acudieron a dos consultorios jurídicos de los abogados en Cañar que patrocinaban denuncias contra las autoridades indígenas.

Los comuneros exigieron a los abogados que desistan de varios casos e impidieron que los juristas abandonen sus despachos. Los juristas interpusieron una denuncia por el delito de secuestro contra nueve personas.

Seis de ellas fueron sentenciadas: Sergio Roberto Paucar Huerta, secretario del Consejo de Justicia Indígena del Alto Cañar; José Sarmiento, presidente del Consejo; Ángel Belisario Calle Calle y María Josefina Sotamba Padilla, María Asenciona Tamay Murudumbay y Luis Manuel Morocho Sanango.

Sergio Roberto Paucar Huerta: fue detenido el 25 de noviembre de 2015, bajo cargos de secuestro y extorsión. Le impusieron una pena de cinco años de privación de libertad. Actualmente, cumple su sentencia por medio de un régimen de rehabilitación abierta.

José Sarmiento Jiménez: fue el presidente del Consejo de Justicia Indígena de la comunidad de San Pedro de Cañar. Está preso desde diciembre de 2016 por ejercer la justicia indígena. Se encuentra en el Centro de Rehabilitación Social Turi, en Cuenca. Su condición de salud es delicada.

Ángel Belisario Calle Calle: A pesar de ser una persona con discapacidad fue sentenciado a cinco años de prisión y a pagar una multa de doce salarios básicos unificados.

Le declararon culpable de secuestro por un acto de justicia indígena del 2 de septiembre de 2015.

Se encuentra en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en conflicto con la ley, en Cañar.

María Josefina Sotamba: vivía en la comunidad de San Pedro de Cañar, se dedicaba al trabajo en el campo.

El 20 de noviembre de 2018 fue sentenciada a 5 años de prisión como coautora de secuestro. Lleva más de dos años de prisión en la cárcel El Turi.

María Asenciona Tamay Murudumbay: su suegro les estafó con $ 12.000. La mujer acudió a la justicia indígena, la cual dispuso para el familiar la devolución del dinero y un proceso de sanación.

El suegro la denunció por secuestro, perpetrado en 2015. María Tamay tiene orden de detención y actualmente se encuentra en la clandestinidad.

Luis Manuel Morocho Sanango: fue acusado de autor directo de secuestro por un problema con unos abogados en la ciudad de Cañar y por ejercer la justicia indígena.

El 25 de mayo de 2017, el Tribunal de lo Penal de Cañar lo declaró autor directo de secuestro y le impuso una pena privativa de libertad de 5 años y una multa de 12 salarios básicos unificados del trabajador en general. (I)

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