El 75% de 45.927 causas por tránsito están estancadas

Las estadísticas revelan que de los accidentes registrados en 2018, apenas el 1,67% obtuvo sentencia condenatoria y el 0,58% absolutoria. Del total de casos, 34.445 no pasaron de la etapa de indagación o investigación previa por la falta de agentes fiscales. En los últimos cuatro años se ha detectado un fenómeno: la cifra de siniestros ha bajado, pero el número de víctimas mortales se mantiene. La Policía Nacional insta a los choferes a tomar más conciencia.
19 de agosto de 2019 00:00

En 2018 se iniciaron en el Ecuador 45.927 procesos por delitos de tránsito. Sin embargo, la velocidad y constancia con que ocurren esos hechos no van a la par con las investigaciones fiscales y los fallos judiciales.

Producto de la lentitud con que han avanzado durante un año los procesos, el 75% (34.445) se encuentran estancados en la Fiscalía, en etapa de indagación o investigación previa (inicial).

Según se desprende de cifras que reposan en la Fiscalía General, los 45.927 casos se relacionan con: muerte culposa o provocada por choferes en estado de embriaguez, lesiones y daños materiales.

Su tipificación y sanción constan en los artículos 376, 377, 378 y 390 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). De la cifra total, asimismo, se desprende que, en un año, apenas el 1,67% obtuvo sentencia condenatoria y el 0,58% absolutoria.

Muchos accidentes y pocos fiscales para investigar

A nivel nacional existen 841 fiscalías; de ellas, 213 son multicompetentes y deben conocer todo tipo de delitos de su zona o jurisdicción.

Esta situación complica la labor de los fiscales, quienes coincidieron en señalar que se ven superados en los casos que pueden despachar versus el número de accidentes que se registran a diario. Ello, pese a que desde hace cuatro años los siniestros de tránsito se han reducido en  Ecuador, pero con la novedad de que el número de víctimas en cambio se mantiene.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, entre 2017 y 2018 se evidencia una disminución de 470 accidentes, pero el número de fallecidos no presenta mayor variación, pese a los esfuerzos implementados por las autoridades.

Por ejemplo, en el caso de Quito, las estadísticas de ese período muestran una disminución de 1.540 casos, pero al igual que ocurre con las cifras nacionales que maneja la Policía, el número de muertes por esta causa aún es alto.

En lo que compete al 2019, de enero a mayo la Policía Nacional registró 1.221 percances de tránsito, que dejaron 379 muertos en todo el país, mientras que en 2018 se registraron 386 fallecidos.

¿Cómo se explica el fenómeno y el represamiento de causas?

El director de Tránsito de la Policía Nacional, coronel César Zapata, indicó que la reducción de accidentes se ha dado, en parte, gracias a las campañas de seguridad implementadas en el país.

Pero consideró que los choferes deben ser los que generen mayor conciencia al momento de conducir. Ejemplificó su preocupación citando cifras: en 2018 fueron detenidas 2.358 personas, de ellas, “la mayor parte por conducir bajo ingesta alcohólica”.

Aunque los accidentes han bajado, no ocurre igual con el número de víctimas (muertos, heridos o lesionados). De allí, la necesidad de afrontar largos y engorrosos procesos judiciales que desgastan más a los afectados y familiares.

Un importante porcentaje de procesos derivados de los delitos y contravenciones de tránsito se dilatan en las fiscalías y, por ende, en los juzgados. Esto lleva, a su vez, a la impunidad, al permitir que se extinga la causa y no se repongan los daños ni se reconozca a las víctimas.

Iván Zurita sufrió un accidente de tránsito el 12 de enero de 2018. Viajaba en su taxi junto a su familia por la vía Quito-Calacalí y fue embestido por un bus de servicio público de la compañía Kennedy, que invadió carril y los chocó, tras lo cual el conductor huyó.

Iván resultó con heridas en el rostro y brazo izquierdo, sus hijos y esposa con politraumas y su suegra con luxación de cadera. Fueron rescatados y conducidos a distintas a casas asistenciales.

Por su parte, el taxi quedó semidestruido, lo que ha afectado la fuente de ingresos de esta familia, que si bien se salvó, debe afrontar gastos por sus tratamientos y en los abogados para seguir el respectivo proceso judicial. Su auto, incluso, fue remolcado hasta los patios de detención de la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Luego de averiguar y determinar quién era el dueño del bus, puesto que el chofer huyó, se dio un acercamiento e intento de mediación. Como no se llegó a ningún acuerdo se iniciaron las acciones legales para determinar responsables. Sin embargo, el caso después de una larga espera, ha tenido un desenlace inesperado.

Los tiempos y plazos establecidos en la ley se han vencido. Iván lamentó que, por ejemplo, para conseguir el informe de investigación del reconocimiento del lugar se demoró cuatro meses. Ello, pese a que iba con frecuencia a la Fiscalía.

El problema radicó en que jamás localizaba al agente fiscal a cargo, debido a que salía  a cumplir otras diligencias porque tiene a su cargo varias investigaciones a la vez. “Iba en la mañana y no lo encontraba, iba al mediodía y tampoco… hasta que un día con mi abogado dimos con él y nos comentó que el informe no estaba claro y que necesitaba una reconstrucción de los hechos”, añadió.

Esta nueva pericia demoró cinco meses en ser solicitada y ejecutada. “Le pedía que me ayude y decía que tenía muchos casos. De semana en semana prometía que enviaría la solicitud, hasta que después de mucho tiempo salió”.

Luego, ese informe reposó en Fiscalía cerca de tres meses, hasta que el 16 de enero de 2019 el conductor del bus involucrado en el siniestro contra Iván, protagonizó un nuevo accidente, esta vez en el cantón la Concordia.

El micro de la misma cooperativa chocó a un camión de bloques y el chofer, el controlador y un menor murieron, además ocho adultos resultaron heridos. Iván y su abogado se enteraron de esto el día de la audiencia de formulación de cargos.

La noticia cayó “como un balde de agua fría”, ya que “después de haber luchado tanto para obtener justicia, ubicar al causante y aspirar al pago de daños y perjuicios”, resulta que por la lentitud de las investigaciones el chofer del micro siguió libre y trabajando, ocasionó otro accidente, falleció y ahora el caso está “peor que antes”.

Esta situación generó que la causa se extinga luego de más de un año de trámites y largos periodos de espera, que evitaron que se pueda llevar a juicio al causante.

Iván resaltó que él y su familia resultaron afectados en su salud, se quedaron sin su fuente de ingresos y con deudas. La justicia nunca llegó y por ello pidió a las autoridades atender, al menos, la falta de fiscales en el país. (I)

accidentesFoto: Archivo / cortesía Ecu 911