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102 casos de coyoterismo son sentenciados en últimos 3 años

102 casos de coyoterismo son sentenciados en últimos 3 años
23 de enero de 2013 - 00:00

La sentencia a 12 años de reclusión impuesta a José Arcesio Vásquez Marín por el tráfico ilegal de migrantes, dictada en octubre de 2012 por el Segundo Tribunal de Garantías Penales de Cañar, fue una de las 43 obtenidas en esa provincia del Austro en los últimos 3 años, período en el cual se reportaron 72 casos de “coyoterismo”, es decir, el 25% del total de sucesos denunciados en el país.

El delito cometido por Vásquez tuvo como agravantes los daños físicos y psicológicos ocasionados a Fredy Lala Pomavilla, sobreviviente de la masacre de Tamaulipas

La Fiscalía ha contabilizado un total de 287 casos de tráfico ilegal de migrantes a escala nacional, en el periodo 2010-2012, del cual el mayor porcentaje de ocurrencia se dio en Azuay, con el 41% (117 casos).

En esa provincia, los operadores de justicia consiguieron 40 sentencias condenatorias, y lograron poner tras las rejas a 24 “coyoteros” o traficantes de personas. Mientras que en Cañar, 51 personas fueron privadas de la libertad por este delito.

Según Diego Falconí, subsecretario de Garantías Democráticas del Ministerio del Interior, el tráfico ilegal de personas alcanza el tercer puesto en el ranking de los delitos internacionales de mayor incidencia, luego del narcotráfico y las armas, y eso se da justamente por los montos que manejan los “coyoteros” y que oscilan entre 15.000 y 20.000 dólares, por los cuales prometen trasladar hacia los Estados Unidos a quienes caen en sus redes.

En el caso de Vásquez Marín, la Fiscalía demostró que el sentenciado pactó con una ciudadana el pago de 12.500 dólares con el objetivo de trasladar a su hijo, de forma ilegal, hacia los Estados Unidos. Con Lala Pomavilla el sentenciado pactó el viaje en 11.000 dólares.

En ese sentido, la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), en su último informe emitido en septiembre de 2012, estima que cada año el tráfico ilegal de migrantes mueve 6.750 millones de dólares para los delincuentes que operan en dos de las principales rutas: de África oriental, septentrional y occidental hacia Europa y de América del Sur hacia América del Norte.

En los viajes someten a sus víctimas a condiciones humillantes, abusos y exacciones bajo la promesa de cruzar de forma ilegal la frontera, señaló el fiscal Xavier Cárdenas, quien investigó el caso Tamaulipas.

En muchos casos, los contingentes de migrantes engañados regresan porque fueron hallados en embarcaciones a la deriva y al borde del naufragio o capturados en el trayecto en países centroamericanos o en México; en otros, terminan, como en el caso Tamaulipas, asesinados, indicó el funcionario, quien puso a consideración un estudio que realizó la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que señala que más de 1.600 migrantes son secuestrados cada mes, a nivel continental.

Otra de las provincias que registra un alto índice de casos de “coyoterismo”, según el informe publicado por la Fiscalía General del Estado, es Chimborazo, con 35 casos (12%), de los cuales 11 llegaron a ser sentenciados. Guayas y Pichincha ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente, con 33 (12%) y 30 (10%) de casos investigados entre los años 2010 y 2012.

Al final, entre ambas provincias, la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional de la Fiscalía consiguió 8 sentencias condenatorias. El informe concluye que en 2010 se obtuvieron 29 sentencias en este delito, lo que representa el 29%; en 2011 aumentó a 35 sentencias (34%), y al año siguiente se dictaron 38 resoluciones judiciales (37%).

Para Romeo Gárate, fiscal Provincial de Cañar, a pesar de esas cifras, todavía hay personas que se dedican a este ilícito, lo que hace que el tráfico ilegal de personas aún esté presente en la zona del Austro, aunque no con el índice que existía hace cinco años, indicó.

El representante de la Fiscalía en esa provincia señaló que en el caso del “coyoterismo” hay un mensaje claro: “Si ellos pretenden seguir ejerciendo sus acciones en la provincia los vamos a combatir con la ayuda de la Policía. No como venganza sino respondiendo al derecho de la sociedad a ser protegida”, dijo

Por otro lado, el Estado declaró como política prioritaria el combate al tráfico ilegal de migrantes, y para ello, en 2010, el Ministerio del Interior asumió la coordinación del Plan Contra la Trata y otros delitos.

Para asegurar los recursos para este plan y las actividades previstas en la Agenda 2011-2013, se elaboró un proyecto de inversión que fue presentado y aprobado por la Senplades, que tiene entre sus principales objetivos incentivar y apoyar procesos de formación permanente, e investigar y producir conocimiento sobre este delito.

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