El acaudalado arquitecto Rafael Uribe Noguera fue sentenciado ayer a 51 años y 10 meses de prisión por violar y asesinar en diciembre pasado a Yuliana Samboní, la menor de origen indígena, tras secuestrarla en un barrio marginal de Bogotá.

La sanción, que generó inconformidad en la familia de Yuliana, también incluye el pago de $ 24.500.

La Fiscalía anunció que apelará el fallo, ya que solicitó 60 años de cárcel para el asesino, que es la pena máxima contemplada por la legislación colombiana.

Juvencio Samboní, padre de Yuliana, dijo tras conocer el fallo, que el asesino de su hija merece la pena de muerte. “Creo que falta justicia. Estaba de acuerdo con la pena de muerte, pero en este país siempre hay obstáculos y ponen las penas bajas y por eso estamos como estamos. Yo esperaba 60 años”.

En los exteriores del complejo judicial, donde una jueza anunció la condena, decenas de personas se manifestaron, con carteles y gritos, exigiendo esa condena para Uribe Noguera, cuyo crimen tuvo una amplia cobertura mediática y es tema cotidiano de conversación.

El fallo judicial contra el asesino de Yuliana señala que eligió como su víctima al ser “más débil de entre los débiles: mujer, niña y pobre”.

La procuradora para la Infancia y Adolescencia, Sonia Patricia Téllez, consideró que la jueza “se movió en los términos que tenía que moverse, porque el perpetrador no tenía antecedentes judiciales y eso hacía que no pudiera imponérsele la pena máxima”.

El asesinato de Yuliana Samboní causó un enorme impacto en Colombia por involucrar a un rico y poderoso integrante de la élite colombiana y a una humilde niña, de 7 años, que no tenía ninguna posibilidad de defenderse.

Rafael Uribe Noguera se convirtió para amplios sectores colombianos en la personificación del abuso de poder en un país en el que, como en el resto de Latinoamérica, existen marcados contrastes sociales y una sensación popular de que las élites están habituadas a actuar con toda impunidad.

La indignación de los ciudadanos aumentó cuando comenzó a quedar claro que la familia del asesino, que es dueña de una empresa inmobiliaria y constructora, intentó encubrir el crimen destruyendo pruebas e intentando hacer pasar al delincuente como un enfermo mental.

En medio de una fuerte presión ciudadana, la Fiscalía presentó cargos por ocultamiento de pruebas contra los hermanos del infanticida, Francisco y Catalina Uribe Noguera, quienes, según las investigaciones, borraron mensajes incriminatorios del teléfono celular del asesino en un intento por ocultar evidencia sobre las circunstancias de la muerte de Yuliana Samboní.

La red de relaciones de los Uribe Noguera incluye a Camilo Martínez, hijo del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y al influyente despacho de abogados, Brigard & Urrutia, donde trabajaba Francisco.

La irritación social frente al crimen, que ocurrió el pasado 4 de diciembre, se originó por la generalizada sensación de que luego del asesinato de Yuliana, la familia puso en marcha un operativo para que quedara en la impunidad o, cuando menos, para atenuar sus efectos penales.

Francisco Uribe Noguera localizó a su hermano en un apartamento de soltero antes que la Policía, pero en lugar de notificar a los agentes, que ya investigaban el secuestro de Yuliana, permaneció más de una hora con él y luego lo llevó a una clínica psiquiátrica, donde no lo aceptaron.

La presión popular fue tan amplia, con manifestaciones espontáneas exigiendo justicia, que el asesino terminó por declararse culpable de femicidio agravado, violación sexual agravada y secuestro. (I)