El seguimiento y control de los procesos judiciales, en los que estén involucrados niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y abandono, está a cargo del sistema automático de alertas y recordatorios (SAAR), implementado por el Consejo de la Judicatura (CJ), para que los jueces den prioridad a este tipo de causas.

Con esta herramienta, los operadores de justicia pueden verificar los tiempos máximos de cada trámite y monitorear las medidas de protección pertinentes, explicó Patricia Salazar, directora nacional de acceso a los servicios de justicia del CJ, durante su comparecencia a la Asamblea Nacional, en días anteriores.

Sistema busca celeridad procesal

La celeridad procesal es uno de los beneficios de este sistema, consideró Roger Cusme, juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y agregó que además se puede dar un seguimiento para que los ayudantes judiciales despachen en tiempo oportuno las diferentes providencias que se emiten en el proceso. “Es beneficioso para controlar de la mejor manera la sustanciación del proceso”, manifestó el juez Cusme.

Con ese criterio coincide la legisladora Gina Godoy, integrante de la Comisión del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños (as) y Adolescentes. “Se agiliza los tiempos procesales para precautelar la pronta restitución de derechos de los menores en situación de riesgo”.

El mecanismo permite que el sistema informático, donde se guarda la información de cada proceso encienda una alerta al servidor judicial para que prevenga del cumplimiento del plazo. Citó como ejemplo, cuando se realice una audiencia para adopción, se agilizan los trámites y se declara el abandono.

Cuando se quiere efectuar un seguimiento de una causa que involucre a adolescentes infractores, pueden dictarse varias medidas: privación de libertad, trabajo comunitario o la que el juez considere pertinente y la ley lo establezca, allí deben haber mecanismos de verificación del cumplimiento de esa medida, mediante el sistema informático, citó.

Medidas a favor de la niñez

El Comité Interinstitucional integrado por el CJ, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Defensoría Pública, Dirección Nacional de Policía Especializada en Niñez, Fiscalía y Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional dará respuestas urgentes a casos de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.

También se ha diseñado una guía para que los operadores de justicia evalúen y cumplan con el principio de interés superior del niño (a) en los procesos judiciales, es decir, que se garantice un desarrollo integral del menor de edad.

Al referirse a los adolescentes en conflicto con la ley, la funcionaria afirmó que se capacitó a los administradores de justicia sobre este tema, tras insistir que se trabaja en una guía con enfoque restaurativo en justicia juvenil.

Esta nueva herramienta ayudará a los jueces a considerar la privación de la libertad de los menores como último recurso y hagan uso de alternativas como la mediación y la conciliación. “Fomentamos que se dicten medidas socioeducativas, más que privativas de la libertad, para que el adolescente sea reinsertado a la sociedad y la víctima reciba una reparación integral”, anotó Godoy. (I)