Un pescado muerto dejado en la puerta de su casa y llamadas telefónicas amenazantes fueron los avisos recibidos por Blanca Cando, secretaria auxiliar de la  jueza de la Segunda Sala de lo Penal de Pichincha, Pavlova Guerra, antes de ser asesinada con 2 tiros en la cabeza, el 14 de diciembre de 2006.

Ese día, aproximadamente a las 08:00, mientras desayunaba con 2 compañeros de trabajo en una cafetería en los exteriores de la Corte Superior de Quito, un hombre de estatura baja, de unos 25 años, que vestía jean y camiseta azul, entró en la cafetería, se paró atrás de Cando, según los testigos, y  como si se tratara de su billetera, sacó del bolsillo un revólver calibre 38 y descargó 2 tiros en la nuca de ella.

La mujer cayó al piso, ante la mirada aterrorizada de sus compañeros que trataban de auxiliarla, mientras el asesino salía caminando, se embarcaba  en una moto encendida conducida por un cómplice y huía del lugar.

Tras varios meses de investigaciones, en enero de 2007, se pudo establecer que hubo una equivocación en el asesinato, la víctima debía ser la jueza Pavlova Guerra y no su secretaria Blanca Cando. Fue un error de los sicarios contratados por el narcotraficante Óscar Caranqui, quien estaba detenido y sentenciado a 16 años por el delito de narcotráfico.

Caranqui habría ordenado además el asesinato de algunos funcionarios de Policía, según el colombiano Carlos Gómez, único sobreviviente de una masacre ocurrida en una finca del sector de Selva Alegre, provincia de Imbabura. Señaló que el narco dispuso el asesinato de la jueza Pavlova Guerra porque no cedió a sobornos y lo sentenció a 16 años.

El informe de las investigaciones agrega que Caranqui también ordenó la muerte de Silvia Ibarra, guía de la Cárcel de Mujeres, por haberle dado una cachetada a la reclusa Anabella Mora, esposa del delincuente. Asimismo, en enero de 2004, el detenido habría dispuesto el crimen de 2 policías en Ibarra, debido a que uno de ellos le quitó la novia al sobrino.

En la lista de personas sobre quienes pesaban amenazas y que a esa fecha cumplían funciones específicas constan Fanny Altamirano Cárdenas, fiscal Antinarcóticos de Pichincha; Pablova Guerra, jueza de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior de Quito; el general José Antonio Vinueza, exdirector Nacional Antinarcóticos y excomandante General de la Policía; el coronal Raúl Brito, exjefe Provincial de Antinarcóticos de Pichincha y Guayas. También están los nombres del teniente coronel Patricio Pazmiño, exjefe Provincial Antinarcóticos de Imbabura; el doctor Edwin Campaña, juez Décimo Segundo de lo Penal de Pichincha, así como de varios oficiales de Policía que habrían participado en las investigaciones del operativo Bruselas, desarrollado el 31 de mayo de 2004.

En otro hecho, el 24 de octubre de 1988, luego de haber cumplido sus labores diarias, el presidente de la Corte de Justicia de Quito, Iván Martínez Vela, regresaba a su hogar. En las afueras de una panadería en la Avenida de la Prensa, al norte de Quito, estacionó su vehículo  para comprar. En ese momento fue asesinado por sicarios.

“Durante la operación Ciclón encontramos el arma con la que se lo asesinó y pudimos establecer que el autor intelectual fue Jorge Reyes Torres y los materiales, 2 colombianos que mandó Pablo Escobar. Jorge Reyes recibió una sentencia de 12 años”, recordaba en declaraciones anteriores a la prensa Manuel Silva, exdirector de la ex-Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).

En un hecho más cercano, el operativo antidrogas ‘Sol Naciente’, cumplido en abril de este año en Manabí y Guayas, dejó la incautación de $ 12 millones, 11 detenidos, 20 allanamientos, 3 armas de fuego y 8 vehículos retenidos.

La operación fue consecuencia de otra realizada en Colombia, donde el 11 de abril se capturó a Washington Prado alias ‘Gerald’, el pescador ecuatoriano comparado por las autoridades colombianas con el fallecido capo de la droga Pablo Escobar.

A ‘Gerald’ se le atribuye la autoría de las muertes de fiscales, jueces y policías debido a que supuestamente disponía “ajustes de cuentas a través de grupos armados”. Su disposición también era perseguirlos.  Es más, a la fecha, al menos 3 fiscales y un par de jueces estarían amenazados.

Así como antes, en la actualidad el trabajo de jueces y fiscales, especialmente quienes están a cargo de casos denominados fuertes o de alto calibre, como asesinatos, narcotráfico, peculado, cohecho, entre otros, es de alto riesgo, por lo que muchos de estos funcionarios han tenido que acogerse a la protección policial, incluso al Sistema Nacional de Protección de Víctimas y Testigos, a cargo de la Fiscalía General del Estado.

Thania Moreno, fiscal subrogante del Estado, confirmó que 8 jueces y fiscales estaban con protección estatal, hasta diciembre pasado, pero no precisó cuántos funcionarios están protegidos a la fecha.

“No me atrevería a dar un dato exacto sobre el número de jueces y fiscales que se encuentran bajo el Sistema Nacional de Protección de Víctimas y Testigos”.

La última base de datos levantada por ese ente revela que 151 funcionarios, entre jueces y fiscales, ingresaron al sistema de protección por amenazas de los grupos criminales. Los datos corresponden al período entre 2012 y 2015.

Un exjuez, que prefirió mantener su nombre en reserva, recordó que estuvo a su cargo un caso de narcotráfico hace un par de años.

Recibió amenazas telefónicas y tuvo que acudir a las autoridades respectivas para obtener protección para él y su familia.

Medidas de protección

El temor ha crecido en los últimos años por lo que las autoridades de la denominada ‘Mesa de Justicia’ integrada por los titulares de los ministerios del Interior, Seguridad y Justicia, la Fiscalía General del Estado, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura (CJ), Defensoría del Pueblo, Secretaría Antidrogas y Comisión de Justicia de la Asamblea acordaron el pasado martes que los jueces y fiscales que conocen casos de corrupción o de delincuencia organizada, por los cuales han recibido amenazas contra sus vidas o las de sus familias, contarán con protección y seguridad.

Para la ejecución, el presidente del CJ, Gustavo Jalkh; el ministro del Interior, César Navas, y la fiscal general subrogante, Thania Moreno, firmaron un protocolo cuyo instructivo precisa que la protección es para jueces y fiscales que tramitan procesos relacionados con delitos graves y corrupción.

Jalkh reveló que se ha constatado que operadores de justicia de la frontera norte (Carchi y Esmeraldas), de Manabí y Guayas, son los que más amenazas reciben con el fin de que cambien sus criterios judiciales.

“Un fiscal o un juez no puede justificar su mala actuación diciendo que ha sido amenazado. Eso es perder la independencia y un juez tiene que ser independiente”.

Todos pueden acceder

El secretario del CJ, Tomás Alvear, explicó que el ámbito de aplicación del protocolo es para todos los jueces y fiscales, pero de manera prioritaria aquellos que se encuentran conociendo casos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, enriquecimiento no justificado, defraudación tributaria, administración aduanera, defraudación aduanera, contrabando, suspensión de tributos aduaneros, régimen monetario, falsificación de monedas, usura, el delito relacionado a la delincuencia organizada y tráfico de drogas y sustancias de control.

En cuanto al procedimiento, se le brindará seguridad individual al funcionario, patrullaje permanente y control, y se extenderá el beneficio a los familiares más cercanos.

Para acceder a la protección, dijo que el procedimiento es muy sencillo. “El funcionario,  desde su correo institucional, a través de un formulario que estará disponible en las páginas web de las 3 instituciones —Fiscalía, Judicatura y Ministerio del Interior— podrá hacer su solicitud por medio de los correos electrónicos: seguridad.jueces@ funcionjudicial.gob.ec y [email protected].”

Explicó que una vez que se procese, se remite al Ministerio del Interior, el cual inmediatamente encausa el pedido. “El análisis de riesgo determinará el tiempo de duración de esa seguridad u otro sistema complementario que pueda sumarse a la protección del funcionario o si pasa a pertenecer al Sistema Nacional de Protección de Víctimas y Testigos”.

Personal especializado

El ministro del Interior, César Navas, aclaró que la protección va a estar a cargo de un cuerpo especializado de la Policía Nacional, y subrayó que la Dirección Nacional de Inteligencia es la que realizará este diagnóstico y los mecanismos de seguridad para cada persona.

“En base al diagnóstico uno puede determinar la composición del equipo, tanto de personal como de material que se necesita, para garantizar la seguridad no solo de los funcionarios sino de los familiares cercanos”.

El defensor público, Ernesto Pazmiño, admitió que las amenazas no llegan a ellos porque son quienes amparan a los procesados. No obstante reveló que sí hubo uno de estos funcionarios amenazado en Manabí hace poco tiempo por parte de narcotraficantes.

“En esa ocasión le dijeron que si no lo sacaba libre, lo iban a matar, ante lo cual lo que hicimos fue cambiar de defensor y no pasó a mayores”.

Admitió que es preocupante la creciente evidencia y las denuncias de que organizaciones criminales fuertes y muchos delincuentes poderosos amenazan. “Probablemente incida en las sentencias, creo que no debería ser, pero se está haciendo lo correcto, que es proteger a los jueces y fiscales para que cumplan con sus funciones”. (I)