En estos días, los representantes del Consejo de la Judicatura y de la Defensoría Pública del Ecuador, han cruzado criterios respecto de la proporcionalidad o desproporcionalidad con que se aplican sanciones en los distintos procesos que constan en manos de la administración de justicia.

El Defensor Público, Dr. Ernesto Pazmiño acusa una presunta desproporcionalidad de las sanciones respecto de la infracción cometida por sus defendidos, por otro lado, el Presidente del Consejo de la Judicatura, Dr. Gustavo Jalkh, señala una adecuada instrumentación del principio de proporcionalidad, argumentando incluso la imposición de penas por debajo del mandato legal establecido en el Código Orgánico Integral Penal.

Estos criterios contradictorios, cuyas declaraciones han ocupado las primeras planas en diversos medios de comunicación, no son el camino para la construcción de la justicia en beneficio de toda la sociedad. Dos instituciones de tamaña jerarquía en franca discusión pública sobre temas de alta relevancia que debieron ser dilucidados y coordinados previo a estas ocurrencias, en bastas reuniones, que por lo visto, no han dado fruto.

Reitero, el único perjudicado es nuestro pueblo, por lo que como abogado y representante de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y del Colegio de Abogados de la provincia del Guayas, hago un llamado a ambas administraciones, para que focalicen sus esfuerzos en superar, por un lado, la lentitud, el marasmo, y la inadecuada orientación a profesionales y ciudadanos en las distintas unidades judiciales, incluso por operadores de justicia, no comprometidos en su accionar en el servicio al ciudadano; y, por otro lado, la negligencia y el inadecuado proceso de selección de ciudadanos calificados para ser atendidos y defendidos de forma gratuita, al parecer por alguna errada interpretación del texto Constitucional y Legal, pues en la práctica esa defensa es esquiva para los más necesitados de nuestro pueblo.

Me resisto a pensar que nuestros administradores atienden la voz del pueblo mediante marchas, plantones, protestas y demás bochornosos escándalos públicos. Soy partidario del diálogo y del trabajo al unísono y en transparencia. Estoy convencido que solo de esta forma se lograrán avances significativos para nuestro pueblo, lo otro, no es más que la vieja usanza infundada e injustificada de quienes paralizan servicios con fines ajenos al bien común. Al Consejo de la Judicatura y a la Defensoría Pública, extiendo una invitación de parte de quienes componemos el gremio de Abogados del Ecuador, en representación de sus 24 provincias, y de la ciudadanía toda, a fin de superar estos criterios contradictorios y trabajar juntos para concretar lo que todos anhelamos: justicia social y el respeto de los derechos para todas y para todos. ¡Juntos Somos Invencibles! (O)