De los 5 procesados en el caso de peculado detectado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Ejército Nacional, con sede en Quito, la jueza Ana Lucía Cevallos decidió llamar a juicio a Jaime D. y Gustavo O., militares en servicio pasivo, que fungían como directivos de la entidad y sobreseyó a las otras 3 personas por falta de evidencias. Durante la audiencia, el fiscal del caso, Franklin Bravo, dijo que los 2 procesados presuntamente permitieron egresos injustificados por $ 220.000, pertenecientes a los ahorristas. “Con ese dinero adquirieron un bien inmueble que no constaba entre los activos de la entidad crediticia, porque se lo puso a nombre de una tercera persona, que no tenía ninguna relación con dicha cooperativa”.

En otro caso detectado en Loja, la Fiscalía vinculó a 7 personas por peculado cometido en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales de Loja (Coodepro). En la audiencia desarrollada el 26 de abril, la fiscal Viviana Ordóñez formuló cargos en contra de Willian M., exgerente; Mairene C., excontadora; Álvaro B., expresidente del Consejo de Administración; Carlos V., y Rodrigo A., exintegrante del mismo consejo de la entidad; y a los socios Cristian G. y Stalin S.

Ordóñez explicó que en la cooperativa se crearon pólizas de inversión falsas a nombre de varios socios, sin que ellos conocieran el hecho. El dinero de las supuestas pólizas no ingresaba a la cooperativa, sin embargo se pagaban los intereses.

Además se habría desviado dinero a 2 de los procesados y supuestamente efectuado créditos sin que los beneficiarios los hayan solicitado, lo que provocó un perjuicio estimado de $ 800.000. Estos casos se suman a los de Coopera, por lavado de activos y peculado; al de Amazonas por sabotaje y peculado, que se encuentran en casación en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Supervisión de la SEPS

La Fiscalía investiga otros 26 casos de posible peculado, detectados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), organismo encargado de verificar el correcto funcionamiento de estas entidades que en el país suman 840. En 2015 cerraron 25 entidades. “Los procesos de supervisión y control han permitido sustentar 142 noticias de delitos, puestas oportunamente en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, para que se realicen las investigaciones tendentes a que estos procesos no queden en la impunidad”, aseguró Hugo Jácome, titular de la SEPS.

Gustavo Benítez, fiscal de Pichincha, señaló que con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), ahora los personeros de las cooperativas de ahorro y crédito también pueden ser sindicados por peculado.

El funcionario explicó que el derogado Código Penal permitía aplicar el peculado solo a directivos de bancos o casos de cooperativas orientadas a créditos para vivienda. El artículo 278 del COIP “posibilita que esta figura delictiva pueda usarse también en el área de la economía popular y solidaria con penas más severas, pues la norma sanciona con prisión de 10 a 13 años. Antes las faltas en este sector se juzgaban como abuso de confianza”.

Juan Pablo Guerra, vocero técnico del comité del sector financiero popular y solidario, dijo que las cooperativas incurren en irregularidades por falta de control de los socios que desconocen sus derechos y permiten la mala gestión de sus funcionarios. “La inspección de la administración no solo es responsabilidad de los organismos estatales, sino también de los depositantes que ponen las normas de funcionamiento y eligen los directivos”, sostuvo. (I)