Un estremecedor caso de violencia de género ha convulsionado a Brasil. El exjugador de baloncesto Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 años, fue detenido la mañana del sábado 26 de julio en Natal, estado de Rio Grande do Norte, luego de propinarle a su pareja, Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 años, entre 60 y 61 puñetazos mientras ella permanecía en el suelo dentro de un ascensor de su condominio en Ponta Negra. 

Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, Cabral atacó sin piedad mientras la víctima estaba en clara indefensión. El resultado fue devastador: múltiples fracturas en el rostro, mandíbula, nariz y pómulos, además de lesión ocular, viéndose su rostro completamente desfigurado y cubierto de sangre.

Tras el espantoso ataque, vecinos alertaron a la Policía Militar del condominio y consiguieron retener a Cabral cuando el ascensor llegó a la planta baja. Fue arrestado en flagrante y posteriormente su detención fue convertida en preventiva.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. Debido a la severidad del edema facial, la cirugía reconstructiva tuvo que ser pospuesta mientras se reduce la inflamación.

La víctima también denunció que había sido objeto de violencia psicológica constante y episodios anteriores de agresión, incluso empujones, sin que ella denunciara antes. Según la delegada Victoria Lisboa, Juliana expresó que en ocasiones habló con él sobre pensamientos suicidas, a lo que Cabral la habría alentado a ir adelante con la idea.

En su declaración, el acusado intentó justificar la violencia alegando una crisis de claustrofobia durante el trayecto en ascensor. Sin embargo, esta versión fue desestimada por las autoridades y su defensa será evaluada en el contexto de la investigación. La Policía Civil ya lo indagará por tentativa de feminicidio y otros delitos conexos.

La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Rio Grande do Norte emitió un comunicado repudiando el ataque. En su nota, describen el acto como “cruel y cobarde” y exigen una respuesta contundente del Estado frente a esta violación de derechos humanos.

La legislación brasileña ha endurecido los castigos: desde octubre de 2024, la Ley 14.994 convierte el feminicidio en delito autónomo con pena entre 20 y 40 años, mientras que la tentativa implicaría una pena reducida proporcional, entre aproximadamente 6 años 8 meses a 26 años 8 meses, dependiendo de la valoración judicial del caso.