Grupo armado no permitió a Policía verificar presencia de prófugos en Sarayaku

05 de mayo de 2014 - 13:00
El Director de la Policía Judicial arribó en un helicóptero de la institución a Sarayaku. Foto: Twitter Ministro del Interior

El ingreso a Sarayaku del Director de la Policía Judicial, Milton Zárate, y el fiscal provincial se produjo a las 09:00 y solo duró cinco minutos, pues miembros de esa comunidad impidieron que las autoridades verificaran la presencia de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.

En rueda de prensa, el ministro del Interior, José Serrano, indicó que las autoridades encargadas de la diligencia, así como efectivos de la Policía Nacional, se movilizaron en dos helicópteros de la institución, pero que, una vez que aterrizaron, un líder de la comunidad acompañado de otros miembros les indicaron que debían retirarse del lugar.

Serrano dijo que cerca de 300 personas se congregaron en la pista de aterrizaje y "amenazaron con armas y con retener el helicóptero si permanecían en el lugar, por lo que tuvieron que regresar a Shell".

Además el Ministro del Interior informó que todos los uniformados ingresaron al lugar sin armas y con el único afán de constatar si los "tres prófugos de la justicia" estaban en este lugar.

También se refirió al reportaje de un diario local, en cuyas fotos se ve a Jiménez custodiado por varios hombres armados. Serrano dijo que estas acciones no serán toleradas por el Gobierno. "Cómo es posible que hombres armados dentro del territorio ecuatoriano protejan a estas personas que fueron condenados por la justicia ordinaria, esto es inadmisible y bastante peligroso e incurren en una serie de delitos, como portar armas, proteger a prófugos de la justicia, siendo estos los más leves delitos", dijo el funcionario.

El Ministro pidió a los miembros de la comunidad Sarayaku que tomen conciencia y recapaciten, ya que "su lucha como pueblo ancestral se desvirtúa con este tipo de acciones".

De su lado, la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, señaló que se ha malinterpretado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), ya que en la resolución emitida en 2012 se especifica que en este territorio se suspenden las actividades mineras y petroleras, así como se pide el retiro de material de pentolita en los límites del sector, "pero esto no significa que puedan actuar de manera independiente como un territorio fuera del Ecuador".

Por ello, Zúñiga dijo que en los siguientes días pedirá,  junto con el Procurador General de la Nación, una audiencia con el presidente de la CorteIDH, para exponer la situación en este caso y cómo su sentencia fue malinterpretada.

Sobre el caso también dio declaraciones a los medios el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, quien indicó que "lo que uno puede observar es que hay una provocación de parte de algunas personas de la comunidad. La actitud de ellos de dar protección a esas personas que están sentenciadas es absolutamente ilegal".

 

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