Un azaroso debate se registró en la Asamblea Nacional entre miembros de grupos conservadores y liberales debido a la propuesta de despenalización del aborto, como consecuencia de un embarazo por violación.

Los legisladores exigieron ampliar la esfera de análisis del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual contiene 812 artículos, y no usar un tema polémico con fines políticos.   

Desde muy temprano, los activistas sociales se apostaron en los exteriores de la Función Legislativa para exponer sus tesis sobre el aborto no punible, fijado en el artículo 142 del COIP. Ese hecho motivó su recibimiento en la platea superior del salón plenario de la Asamblea.  

Antes del inicio del debate del segundo libro del COIP (Código de Procedimiento Penal), Fernando Cordero, titular del Legislativo, recibió en comisión general a los delegados de varias organizaciones sociales y estableció comunicación, vía videoconferencia, con las casas legislativas de Guayas y El Oro.

La mala práctica médica y la penalización del secuestro fueron los tópicos secundarios que se trataron en el pleno. Las cartas estaban sobre la mesa y la agenda legislativa se copó con el debate de la despenalización del aborto.

Uno a uno, los invitados fueron exponiendo los motivos por los que consideran necesaria la sanción penal drástica o la inimputabilidad del aborto -practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, su pareja, familiares íntimos o representante legal-, según lo establecido en el texto del COIP que elaboró la Comisión de Justicia.

Así, Mario Montenegro, delegado de la Red de Médicos por la Vida, dijo que despenalizar el aborto “significa promover e institucionalizar ese crimen en el país”. De hecho, presentó un video en la Asamblea que causó malestar a los legisladores de todas las bancadas. La “cinta” mostraba la presunta práctica de un aborto, donde un médico manipula el cuerpo de una mujer para retirar un feto.

Cordero pidió que se detenga el video “porque se intenta direccionar a la opinión pública”, pero tuvo que cambiar su decisión por las protestas de la oposición. Eso no cambió la decisión de las legisladoras de PAIS, que  abandonaron la sala.  

Después, Flavio Arosemena, de la Organización de Derechos de la Familia, ingresó al pleno acompañado con varios coidearios y una docena de niños. Mientras realizaba su intervención, Cordero pidió que los niños desalojen el pleno porque “no pueden ser utilizados en actos públicos”. Por lo tanto, pidió lectura del artículo 52 del Código de la Niñez y retiró a los infantes.

Enseguida, las legisladoras Magali Orellana (Pachakutik) y Saruka Rodríguez (PRE) protestaron por esa decisión, pero acataron, al igual que Arosemena, la decisión de Cordero.

Gina Godoy y Gabriel Rivera, asambleístas de PAIS, manifestaron su malestar por la politización del tema del aborto. “Es una estrategia política. Mire cuántos artículos tiene el proyecto y cómo se utilizan estos temas delicados por la precampaña electoral”, enfatizó Rivera.

Por otro lado, Rosa López, de Red de Organizaciones de Mujeres, y Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo, defendieron el derecho de las mujeres a decidir abortar cuando son “brutalmente” violadas”.