La contaminación proviene de las procesadoras en Chanduy

01 de julio de 2012 - 00:00

Durante cinco décadas Rufino del Peso, oriundo de La Libertad, viaja hasta la comuna Chanduy para dedicarse a la labor que realiza desde los 12 años: la pesca.

Diariamente sale junto con otros 15 pescadores en sus pangas (pequeños botes con un motor) para capturar lisa y bagre. “Antes atrapábamos 50 ó 60 peces diarios, ahora máximo cogemos 15. Los pescados están bien, en cambio en varias ocasiones he encontrado muertas tortugas carey y sin ninguna explicación”, comenta con tristeza don Rufino.

Él menciona que es normal hallar cada cierto tiempo a esta especie muerta en las playas o en las redes de pesca y no entiende por qué fallece.

Pero lo que sí sabe es que cada vez que llega el hedor de pescado muerto, desde la costa del poblado o el mar se ve rojo, es porque alguna tubería de las cercanas plantas procesadoras de pescados está dañada. “Hace dos años aún las fábricas echaban sus desechos al mar, ahora sólo cuando se rompe una tubería, especialmente si es muy vieja”, dice Rufino mientras se alista a atracar la panga en la orilla.

La declaración coincide con lo expresado por el capitán Enrique Bucheli, máxima autoridad de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea) de Salinas y representante de la Capitanía de Puerto del cantón.

Explica que desde el año 2000 se han observado vestigios de contaminación en las playas El Real y Chanduy, donde están ubicadas varias plantas procesadoras de pescado.

Bucheli afirma que cada seis o siete meses se encuentran peces muertos frente a las costas de Chanduy y coincide con la época en la que funcionan estas industrias. Asimismo, se han presentado en esas fechas varios casos de enfermedades en la piel en la comuna, que tiene aproximadamente 16.000 habitantes.

Algunas de las empresas han laborado desde hace años en Santa Elena y sin permisos de funcionamiento, de piso, incumpliendo los requerimientos necesarios para eliminar los desechos industriales o con todas ellas.

No obstante, el capitán Bucheli destaca que el problema también ha sido administrativo. “La mayoría de las instituciones hemos hecho esfuerzos individuales (...) Pero antes no teníamos una comunicación de los controles que debíamos ejercer”. Bucheli dice que ahora mantienen reuniones interinstitucionales periódicas para, en conjunto, trabajar en los operativos sorpresa a las industrias asentadas en las orillas de las comunas playeras.

Algunas entidades que participan de estos encuentros, y que han conformado el Consejo de Gestión Ambiental de Santa Elena, son el Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Ambiente (MAE), los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de las diferentes ciudades o juntas parroquiales de la Península, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea).

En las primeras inspecciones que realizaron las autoridades en esta comuna encontraron fábricas que en vez de tener un emisario submarino (cañería especial que traslada a los peces desde las chatas hasta la costa), poseían hasta tres  o expulsaban gases nocivos a la atmósfera.

Una de las empresas clausuradas en el operativo sorpresa fue Herco, porque su tubería de desagüe estaba en mal estado. El canal submarino sirve para arrojar al mar los desechos que se producen de la fábrica una vez que son procesados.

La cañería de desagüe de esta empresa tenía agujeros y había fuga de agua, era una mezcla de químicos y sangre, lo que se dispersaba hacia la arena y el mar. Durante un recorrido que hizo este Diario en varias industrias asentadas en la comuna, se comprobó el actual estado del sistema de transporte de los peces hacia algunas plantas que funcionan en la actualidad.

Según el ingeniero Bartolomé Galindo, empleado de la empresa peruana Divar, ellos han cumplido con la normativa ambiental que requiere el Estado ecuatoriano, al igual que el programa de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio del ramo, el estudio de corriente y la certificación de la chata (embarcación que captura los pescados y los envía a tierra firme), ambos son requeridos por la Dirnea.

Además, Galindo resalta que el emisario submarino de Divar tiene 700 metros de longitud, el más largo de Chanduy, y siempre está en perfecto estado por el mantenimiento que se le da.

Una opinión parecida es la de Adrián Dassum, propietario de la planta Golcea. Él indica que como nuevos propietarios de dicha empresa, recién tramitan los permisos por agua cola (eliminación de los desechos de peces) y del tratamiento de aguas residuales, aunque, recalca, el de funcionamiento ya tienen.

Explica que están cambiando las tuberías de desagüe y del emisario submarino, porque ambas cañerías  reciben  un flujo de agua con mucha presión para el diámetro de las mismas. “Golcea es consciente de la contaminación, por eso estamos invirtiendo en nuevas maquinarias que no emitan gases tóxicos al aire y queremos ser eficientes en el tratamiento de sus aguas residuales y mantenimiento de tuberías”, menciona Dassum antes de continuar con la inspección de la planta.

Según la Ley de Gestión Ambiental de 2004, capítulo II, toda empresa pública o privada, que pueda causar impacto ambiental, debe ser calificada por el organismo descentralizado de control y conforme al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). Además, toda actividad que suponga riesgo ambiental deberá contar con la licencia respectiva otorgada por el Ministerio del Ambiente.

Esto también se complementa con la Ley de prevención y control de la contaminación ambiental, en el capítulo II, artículo 6, sobre la prohibición de descargar aguas residuales, sólo que estas se sujeten a las normas técnicas y regulaciones, es decir, que hayan sido tratadas previamente.

De acuerdo a lo expresado por Paola Mantilla, funcionaria del Ministerio del Medio Ambiente, las sanciones se basarían en el Texto Unificado de Legislación Ambiental (Tulas).

Estas plantas, por incumplir los requerimientos y lanzar los desechos directamente a las fuentes de agua, tendrían penalizaciones desde una multa equivalente a 100 salarios mínimos hasta la revocatoria definitiva de la licencia ambiental que les impediría funcionar.

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