Dos puntos encienden el debate de Ley de Mercado

19 de septiembre de 2011 - 00:00

A diez días de que concluya el plazo para que la Asamblea Nacional tramite el proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado o Ley Antimonopolio, enviado por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente, aún persisten las discrepancias sobre la constitucionalidad del mismo.

Luego del primer debate en el pleno del Legislativo, la Comisión de Régimen Económico y Tributario inició el análisis de las aproximadamente 40 observaciones que presentaron asambleístas de diversas tiendas políticas y que están orientadas a la supuesta inconstitucionalidad, así como a los poderes que se  le otorga al Superintendente de Control y del Poder de Mercado (Scpm).

Los asambleístas Paco Moncayo (Municipalista), Silvia Kon (PSP) y Rafael Dávila (Ind.) criticaron la disposición vigésima sexta del proyecto de normativa, que busca reformar la Ley de Radiodifusión y Televisión, y que señala que los propietarios de los medios de comunicación que tengan el 6% o más de las acciones en un medio de carácter nacional, deberán desprenderse de cualquier acción que tengan en empresas de otras actividades.

Según Moncayo, esta disposición violenta el artículo 136 de la Constitución que señala que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y que, si no reúnen estos requisitos, no podrán ser tramitados. El legislador también opinó que el asunto de los medios es un punto que no tiene nada que ver con los temas de antimonopolio.

Silvia Kon y Fernando González (ex PAIS) hicieron un llamado a que se elimine este articulado con el argumento de que la discusión de las normativas de radiodifusión ya tiene un tratamiento en la Ley de Comunicación.

El presidente de la Comisión, Paco Velasco (PAIS), desestimó las críticas y, tras recalcar que la disposición vigésima sexta no será modificada, insistió en que en Ecuador no existe una ley que regule el poder de mercado, lo cual “ha generado prácticas desleales que impiden el desarrollo del país”.  

En tanto, el secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), René Ramírez, defendió la propuesta del Ejecutivo, restó validez a las acusaciones de inconstitucionalidad y de la entrega de grandes poderes al Superintendente de Control, al tiempo de señalar que el procedimiento para escoger al Superintendente está acorde a la Constitución, es decir, será a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.   

Las facultades de esta Superintendencia están en el artículo 45 donde se específica que este ente de control podrá investigar a cualquier organismo, sea de carácter privado o público,  solicitando información de agendas personales, facturas, documentos, sin orden de un juez.

El ex asambleísta  de PAIS, Fernando González, rechazó este aspecto por considerar que es un abuso a la privacidad y a la intimidad de la gente. “La autoridad podrá realizar inspecciones, con o sin previa notificación. Eso quiere decir que podrán entrar a las casas y buscar la información que quieran”, indicó. 

En respuesta, Ramírez explicó que no existe tal violación a la intimidad porque el mecanismo propuesto responde a la confidencialidad, es decir, la información investigada no será divulgada públicamente. La Comisión seguirá esta semana el análisis con la participación de los asambleístas y de funcionarios de Senplades.

La comunicación tiene su espacio en la Ley Antimonopolio

La relación entre medios de comunicación e instituciones financieras es uno de los puntos pendientes para el segundo debate en la Asamblea Nacional.   

La ley propuesta por el Ejecutivo regularía que la banca no obtenga monopolio en las empresas mediáticas. Marco Murillo, asambleísta independiente, explica que los proyectos de ley deben referirse a una sola materia, en este caso a las instituciones financieras. “No puede haber una  ley  que entre a cambiar otros procesos legales, debe ser especializada”, dijo.     

Frente al tema, René Ramírez dejó claro que la ley cumple con el mandato requerido por el país tras la consulta popular del 7 de mayo, es decir, pretende efectuar la separación entre medios y banca. “La articulación entre ambos y la generación de la opinión pública provocó la crisis de 1999”.

El asambleísta Gastón Gagliardo explicó su conformidad con la calidad del debate alrededor de la ley e indica que la Comisión es la encargada de procesar el documento y analizar si los medios de comunicación deben estar en la ley.

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