Publicidad
Cuatro tratados internacionales llegaron a la Asamblea Nacional para su aprobación
El presidente Rafael Correa remitió para aprobación de la Asamblea Nacional, cuatro tratados internacionales respecto de la Planificación y Asentamientos Humanos en los Pasos de Frontera entre Ecuador y Colombia, con lo cual se crea nuevos ejes de integración entre las dos naciones, en la Región Amazónica y en el Litoral Pacífico, mediante la construcción de puentes internacionales sobre los ríos San Miguel y Mataje, respectivamente; suscrito en Bogotá el 17 de diciembre de 1996.
También remitió el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y Perú, suscrito en Lima el 22 de julio de 2011, que busca proteger a los nacionales de las dos partes para la conservación de los derechos de seguridad social adquiridos o en vías de adquisición, sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, conforme sus respectivos ordenamientos jurídicos internos y lo previsto en este convenio y su correspondiente Acuerdo Administrativo.
Igualmente, se solicita la aprobación del acuerdo para la Constitución del Espacio Económico del ALBA-TCP (ECOALBA-TCP), que fue suscrito en la ciudad de Caracas el 4 de febrero de 2012, como una zona económica de desarrollo compartido interdependiente, soberana y solidaria, destinada a consolidar y ampliar un nuevo modelo alternativo de relacionamiento económico para fortalecer las bases para los instrumentos de carácter bilateral y multilateral que las partes suscriban en esta materia, con miras a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de nuestros pueblos, lo cual permitirá su posicionamiento a nivel internacional.
También, el Pleno deberá debatir el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II), suscrito en la ciudad de Montevideo, el 20 de diciembre de 2011.
El protocolo se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos.