La Policía vivió el peor momento de toda su vida institucional. Y ahora afronta nuevos retos y asume algunas tareas que le dan otro espíritu a una filosofía que nunca debió ser violentada ni desconocida: estar al servicio de la gente y no de su propio aparato, y menos de las tesis de grupos y élites oligárquicas.

El 30 de septiembre de 2010 marca un antes y un después para los policías y sus referentes sociales. Luego de esa fatídica jornada he hablado con algunos policías y están convencidos de que a partir de ahí entendieron, por fin, que los procesos de cambio implican también nuevas mentalidades, incluso para reprimir si es del caso cuando se altera el orden público o se atenta contra la seguridad. Los testimonios evidencian que hubo una fuerte corriente de oficiales y tropa que consideraron a la institución un fortín particular, con afanes de competir con las Fuerzas Armadas y con otras entidades.

El discurso de cierta oficialidad, formada en la peor Doctrina de Seguridad Nacional, afirmó esa estrategia: todo para la Policía. Incluso, teniendo en mente que la precariedad de recursos con la que actuaba, impedía mayor prestigio en su trabajo y desarrollo institucional.

De ahí que un “Nunca más” no es suficiente. Al contrario, es poco para lo que hace falta en la Policía como parte de un Estado que está cambiando para servir a la gente y para potenciar los valores democráticos y el respeto a las instituciones y al mismo Estado.

Por lo pronto hay signos e indicios de esa necesidad de cambio. La lucha contra el crimen organizado lo demuestra. Los ecuatorianos no queremos policías como enemigos internos ni como cómplices de nadie: solo compañeros de lucha por un país libre de injusticias y pobreza; a favor del mejoramiento de la calidad de vida de todos y no de unos pocos; coordinando tareas y responsabilidades para que tengamos una sociedad pacífica y forjada desde la comunión de intereses.

Por suerte las más altas autoridades de la Policía actual no se han hecho eco de esos cantos de sirena de ciertos medios y de algunos dirigentes políticos que quisieron utilizarla para asentar sus objetivos proselitistas. Si hubo y hay responsables por sancionar, que sea con el debido proceso y con la mayor justicia. La impunidad solo deja heridas abiertas. La justicia, aunque duele, sana esas heridas y nos convoca a nuevas tareas colectivas.

Ahora nos toca a todos mirar adelante con un pie firme en el pasado para no repetir lo que fue doloroso y triste.