La cobertura de servicios exequiales a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, y de los programas para Adultos Mayores y personas con discapacidad, tiene problemas y hasta indicios de corrupción.

La Fiscalía y la Contraloría investigan el caso, incluso un asambleísta fue filmado cuando llegaba a una oficina de una empresa privada a advertir de la resolución de un juez en la que se pedía la destitución del gerente general de Seguros Sucre y la restitución del contrato de servicios funerarios brindados por la empresa Fidelity Assistance, actualmente Seprofin S.A.
Seguros Sucre, que a nombre del Programa de Protección Social (PPS) del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) administra las pólizas de vida y los servicios mortuorios, acusó a Santiago Cuesta, gerente general de Seprofin, de abuso de fondos públicos.

El hecho es que un informe de la empresa Management Consulting Stern (MCS) contratada por Seguros Sucre reveló un sobreprecio en lo que Seprofin facturaba. Este documento sumado a las denuncias de los beneficiarios del MIES-PPS le fue suficiente a la aseguradora para prescindir del contrato.
Seprofin facturó a Sucre 6’095.262 dólares por el primer semestre de 2011. De este monto, Sucre canceló 5’533.054 dólares, equivalente al 90,8% de lo facturado.

La aseguradora suspendió el pago del saldo restante (9,2%) al darse cuenta que  existió una “refacturación con sobrefacturación” estimada en 3’074.506 dólares.

La auditora señaló que durante el primer semestre de 2011, Seprofin presentó a Seguros Sucre 7.857 casos atendidos por su red de proveedores conformada   solo por cuatro funerarias que cubren   el país: San Daniel (Carchi, El Oro, Imbabura, Los Ríos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Galápagos); Terán Jiménez (Azuay, Cañar, Guayas y Santa Elena); Valdez (Manabí); y Gonzalo Mendoza (Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Loja, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, Sucumbíos y Orellana). En ese período, las funerarias facturaron a Seprofin 5’335.288 dólares por su cobertura.

Una labor de campo realizada por la firma auditora determinó la no existencia de la Funeraria San Daniel,  propiedad de Daniel Alejandro Fernández Chávez. En la dirección domiciliaria ubicada entre las calles París N41-202 e Isla Floreana, en Quito, solo hay un edificio particular que no provee ningún servicio exequial.

La Funeraria Terán, de Mérida Hortencia Jiménez Jiménez, sí brinda la cobertura mortuoria en la ciudad de Guayaquil, pero por falta de infraestructura no cuenta con el servicio de velación en el lugar.

La Funeraria Valdez, de Yony Leonardo Valdez Delgado, ubicada en la ciudad de Portoviejo, es un taller de ebanistería, es decir solo se elaboran y venden ataúdes, mas no se dan servicios mortuorios.

En relación a Funerales Gonzalo Mendoza, de Segundo Gonzalo Mendoza Llerena, es la única que  da la cobertura requerida en la ciudad de Riobamba.

Bajo este escenario, MCS determinó que el mayor inconveniente se presentó en Manabí, en donde la Funeraria Valdez enviaba a la gente a otras casas exequiales, pero sí se favorecía al momento de facturar.   Pese a que se intentó conversar con Valdez, este   solicitó que llamáramos en otro momento.

De las 21 funerarias identificadas en 160 facturas analizadas de la provincia de Manabí de enero a junio de 2011, resulta que ninguno de los proveedores reales de los servicios aparece en las facturas presentadas por Seprofin a Seguros Sucre. Sin embargo, los 160 casos fueron reportados para favorecer a Valdez.

El total de facturación de los proveedores reales por los 160 casos fue de 48.210 dólares; mientras que con la refacturación el monto ascendió a 106.949, dando como resultado un perjuicio de 58.738 dólares.

Terminación del contrato

Pese a que la cláusula décima establecía un aviso previo a la otra parte con no menos de 90 días, Maximiliano Donoso, gerente general de la aseguradora, terminó anticipadamente el contrato.

“No se podía permitir que se siga ejecutando un contrato donde se abusa de fondos públicos”, precisó.

A Donoso le sorprendió que el asambleísta Galo Lara sea quien le comunicara la resolución del juez Sexto de lo Civil del Guayas, Franklin Ruilova, quien aceptó la acción de protección de Seprofin. “¿Qué hace un asambleísta ocupándose de una gestión particular?”, se preguntó.

Lara no negó haber acudido a las instalaciones de Seguros Sucre para solicitarle a Donoso que cancele las pólizas de vida de 24.000 difuntos de un total de 26.500 registrados entre octubre de 2009 y septiembre de 2011. “Lo único que quiero es que les paguen a los familiares y que les reduzcan los requisitos para que puedan cobrar los 500 dólares”, dijo. Situación que sirvió  de plataforma para la defensa de  Cuesta.

El gerente de Seprofin aclaró que como parte del compromiso con la entonces ministra María de los Ángeles Duarte, se dispuso que los servicios mortuorios los ofrecieran pequeños artesanos.

“Seprofin no tiene ni una sola funeraria, los servicios los brindan terceros”, sostuvo al tiempo de señalar que siempre se presentó a Sucre las facturas de las cuatro funerarias calificadas por el PPS.

Añadió que podría existir una sobrefacturación si a él le hubiesen enviado estas cuatro funerarias una factura por ejemplo de 100 dólares y él cobrara 150.

La Funeraria Virgen de Guadalupe, ubicada en San Vicente (Manabí), cobró el 25 de marzo de 2011 a Yony Valdez 190 dólares por el cofre mortuorio y servicio exequial del señor Javier Castro, quien estaba registrado con el número 19.962.

Cinco días después, Valdez emitió una factura por el caso 19.962 a nombre de Seprofin por 665 dólares e incluyó el cobro de un nicho.

Ricardo Hidrovo, representante de la Funeraria Virgen de Guadalupe, manifestó que Valdez nunca entregó el nicho y aseguró que desde enero de este año Seprofin le solicitó que emita facturas  a nombre de Valdez.

“Lo único que se hizo es cobrar el monto de lo facturado más el 2% de la comisión sobre ese total. El promedio que nosotros le cobrábamos a Seguros Sucre por los servicios funerarios para cada caso era de 680 dólares, cuando el contrato estaba hasta 750 dólares. En el mercado usted no va a encontrar servicios mortuorios por menos de 2.500 dólares, en dónde está nuestro delito”, enfatizó Cuesta.

El empresario presentó un reporte en el que se destaca que durante el primer semestre de 2011, Seprofin atendió 8.451 casos.