El ministro del Interior, José Serrano, llamó a hacer “una lectura objetiva” respecto a la desvinculación de 2675 servidores públicos.

A criterio de Serrano sobre el tema existe una suerte de manipulación de la información por lo que exhortó a establecer las razones de fondo.

En declaraciones al canal Ecuavisa, expuso, por ejemplo, que en la Gobernación de Loja laboraban más de cien funcionarios cuando existen ministerios que funcionan con menos de esa cantidad de empleados.

Además indicó que ciertas comisarias e intendencias se habían convertido por ciertos funcionarios de nombramiento en “antros de corrupción”.

“No podíamos perder más tiempo que también había generado la burocracia para, de alguna manera, estar perennizados en sus cargos”, sostuvo en relación al mecanismo de desvinculación (compra de renuncia y las acciones judiciales por posibles actos de corrupción).

“Lo que hay que determinar es quiénes fueron los funcionarios que dieron todos esos nombramientos, y en qué gobiernos se dieron, porque esos fueron los que se burlaros de los ciudadanos que ocuparon esos cargos”, subrayó.

El ministro explicó que la función de la Policía fue dar resguardo a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales (Trabajo) en “un trámite común” que es la notificación de compras de renuncia a los servidores cesados.

La notificación se realizó por parte de funcionarios civiles y lo que hizo la Policía fue dar apoyo específico para resguardar las instalaciones, y acompañar a los notificadores frente a cualquier situación que se pudiera presentar, explicó.

Según el Gobierno, los 2 676 servidores públicos que fueron desvinculados en la última semana, mediante la compra de renuncias obligatorias con indemnización, como lo determina la Ley Orgánica del Servicio Público, representan el 1% de la nómica nacional de funcionarios.

Ana María Larrea, subsecretaria General de Democratización del Estado, explicó que los procesos de desvinculación no son nuevos, por el contrario, forman parte de la reestructuración y recuperación de la institucionalidad del Estado, emprendida por el Gobierno del Presidente Rafael Correa desde el 2007.

“Este proceso se ha hecho siempre con el mayor apego a la ley, cumpliendo todas las normas, el debido proceso y por eso no ha habido inconvenientes”, sostuvo en declaraciones al periódico oficial El Ciudadano.

Las desvinculaciones se han ejecutado a través de los mecanismos de supresión de puestos –en el caso de la eliminación de instituciones-, jubilación obligatoria y compra de renuncias.