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El Telégrafo

Sandra Correa y Ma. Augusta Calle llevan propuesta a Comisión

Sandra Correa y Ma. Augusta Calle llevan propuesta a Comisión
15 de agosto de 2013 - 00:00

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recibió ayer a María Augusta Calle, legisladora de PAIS, y a Sandra Correa, exministra de Educación durante el gobierno de Abdalá Bucaram, con el fin de que expongan sus razones para que el linchamiento mediático, figura jurídica contemplada en la Ley de Comunicación, deba estar también en el Código Orgánico Integral Penal, que actualmente se elabora.

Calle defendió su propuesta de sancionar el linchamiento mediático con la pena de uno a tres años de prisión y la reparación  a la víctima.

Insistió en que cualquier persona que publique o haya instigado a difundir de manera concertada y reiterada a través de uno o más medios de comunicación: escritos, audiovisuales o redes privadas de Internet, incurriría en ese delito.

Por su parte, Correa, en representación de las “víctimas del acoso mediático”, respaldó la propuesta y expuso algunas imágenes de prensa, manifestando que fue víctima de esta figura cuando los medios informaban sobre  el caso “Mochila escolar” y el plagio académico de una tesis de grado. “El linchamiento mediático es sistemático y reiterativo, a diferencia de la injuria que es una sola vez”, aseguró.

La bancada del movimiento Alianza PAIS deberá ahora resolver su posición sobre la propuesta planteada por  una de sus integrantes.

Así lo informó Gina Godoy, asambleísta oficialista, quien presidió la sesión de la Comisión de Justicia.  Insistió en que “el bloque tiene que decidir sobre este tema. Esa es la primera tarea que tienen que asumir nuestros coordinadores”.

Entre los tipos penales en que se podría incluir el linchamiento mediático está la injuria, al imputarle el cometimiento de una conducta castigada por el Código Penal vigente. “Las víctimas nos obligan a poner atención a sus experiencias”, dijo.

Godoy agregó que también se podría sancionar la mala práctica profesional. “Hay afectaciones a la salud emocional de la persona señalada y a su entorno familiar”.

La segunda vicepresidenta del Legislativo, Marcela Aguiñaga, agregó que “es una propuesta planteada por una legisladora y que tenemos que decidirla como bloque”.

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