Tres serían los principales puntos que propondría el Ejecutivo para reformar la Constitución,  que fue aprobada en  2008. El uso de transgénicos, las acciones de protección y las competencias de los municipios serían los principales planteamientos de reforma.  

En la bancada y el buró de PAIS hay un consenso sobre  la necesidad de reformar la Carta Magna porque habrían “ciertas inconsistencias”, aunque oficialmente los legisladores y           ministros afirman que aún no se ha analizado el tema al interior de la agrupación. Por ejemplo, la ministra coordinadora de la Política, Betty Tola, asegura que este asunto  no ha sido tratado  por  el Presidente de la República de manera formal, por lo que  desconoce cuáles serían los cambios.     

Los legisladores oficialistas adoptan la misma posición aunque ofrecen datos cuando los periodistas apagan sus grabadoras. Muchos se refieren a los puntos que el presidente Rafael Correa ya ha adelantado. De allí surgen  los   tres puntos mencionados anteriormente que se discutirían en  el próximo período parlamentario.       

El problema, reconocen los mismos asambleístas, es la forma en que se cristalizarían  esos cambios ya que habría que superar varios candados que establece la misma Constitución.

Hay quienes se inclinan por las reformas mediante consulta popular impulsados por la alta votación que Correa alcanzó en las  elecciones del 17 de febrero. Pero  también los que consideran  que este proceso se debería manejar en la Asamblea.

 Juan Carlos Cassinelli, vicepresidente de la Asamblea, indica que aún no se debaten  las reformas, pero manifiesta que conoce que el Jefe de Estado  ha discutido esos tres  temas, que serían los que principalmente le inquietan.

 El legislador supone que los cambios a la Constitución se harán en la “nueva Asamblea” porque para realizarlos  se necesita una  votación considerable: las dos terceras partes de los legisladores (92 votos). En el Legislativo,  PAIS tendría 98 asambleístas, con los cuales las reformas podrían pasar sin mayores inconvenientes.  

Cassinelli explica que existe una discrepancia en la Constitución  y que al detectar esos desfases hay igualdad de criterios entre el Legislativo y  el Ejecutivo,  sobre todo en lo que concierne al uso de transgénicos.

La Constitución prohíbe el uso de transgénicos, salvo ciertas  objeciones, cuando  el Primer Mandatario puede disponer importaciones en  casos determinados. “Consideramos que ese es un tema que debe analizarse”, comenta Cassinelli. La opción sería el uso  responsable y técnicamente revisado de estos artículos para mejorar la productividad agrícola  y de alguna manera ayudar al ambiente.

Para el jefe de Estado  las prohibiciones y cuidados que se deberían tomar en cuenta tienen que estar en la ley, pero no convertirse en candados constitucionales porque cree que los transgénicos mejoran la productividad y “pueden ayudar a sacar de la miseria a los agricultores”.

Y eso iría de la mano con las aspiraciones de Correa para su nuevo período. En esta nueva fase del gobierno, que  arranca formalmente el 24 de mayo, el Ejecutivo prometió  mejorar la matriz productiva y en ese sentido, las prohibiciones constitucionales sobre el  uso de transgénicos se observa como una traba.

Más aún cuando se aspira a aumentar los niveles de producción en ciencia y tecnología.  
Cassinelli  conoce que hay trasgénicos de maíz  y arroz que mejoran la  productividad y garantizan la  seguridad alimenticia “porque hablamos de producir calidad con cantidad”. Además estas semillas especiales son inmunes a las plagas, lo que evitaría el uso indiscriminado de pesticidas que  contaminan la  tierra.

Otra de las líneas de reforma es lo que Correa ha denominado el “hipergarantismo”, en referencia al  abuso  de las acciones de protección que creó la Carta Magna. “El presidente sugiere esta medida porque se ha evidenciado que han existido muchas acciones cautelares, a pesar de que han sido  iniciadas por el Estado,  por parte de los demandados o de quienes están enjuiciados para evadir esas acciones”, cuenta Cassinelli.

Pero aclara que la reforma no pretende eliminar las acciones de protección.         
 Llegar a ese extremo podría ser interpretado como una restricción  de derechos. Y la Constitución establece que cuando ocurra eso el único método de reforma es la Asamblea Constituyente, un proceso muy largo.                          

Otra vía, en este mismo tema, podría ser un pronunciamiento de la  Corte Constitucional (CC) para que fije reglas para el uso de esta controvertida figura legal. Esto ya ha ocurrido cuando el tribunal emitió una  reglamentación para el desarrollo de la consulta prelegislativa.

El último punto, en cambio, tendría que ver con la asignación de competencias municipales con el objetivo de  “hacer prácticas las cosas”.                

El oficialismo considera que en este tema la Constitución no es clara puesto que obliga al Gobierno y a los municipios a atender la  salud y educación. “El Ejecutivo tiene todas las directrices que  dará en esas áreas y los GAD tienen las competencias del uso del espacio físico”, describe el actual vicepresidente de la Asamblea.

Otras propuestas              

Aparte de estos tres asuntos, hay otros que se van colando en el debate. Por ejemplo, el titular de la Asamblea, Fernando Cordero, ha lanzado otras propuestas, como la  revisión de los fondos “previsionales” que podrían ser un problema cuando se aplique la  Ley de Seguridad Social, porque en la Constitución  habla de fondos “provisionales”.

 Cordero, que también presidió la Constituyente de Montecristi, asegura que el error fue un asunto de tipeo pero que debe corregirse.

También propone  analizar las reelecciones de las autoridades y trasladar la posesión presidencial  a    agosto,  no en  mayo, como sucede actualmente. El objetivo de esto sería que las elecciones y la campaña no coincidieran con  la temporada lluviosa.

Cordero está a favor de mantener el límite en la reelección presidencial, pero sugiere que sea ilimitada para las autoridades seccionales.

“Sería maravilloso que durante un periodo la Asamblea tomase la iniciativa de abrir un debate ciudadano y quienes tanto cuestionaron la Constitución dieran sus aportes. ¿En dónde está el problema de reformarla? ¿En dónde está la trampa? De conformidad con la misma Constitución entre el primer y el segundo debate de las reformas deberá existir un tiempo de 13 meses”, menciona.   

Cordero prefiere que la reforma constitucional se vote  en el pleno para obviar una consulta popular.

Pabel Muñoz, subsecretario General de Democratización del Estado de la Secretaría de Planificación (Senplades), espera “que el presidente analice con cuidado los insumos que considere  y que se le presenten”. 

PAIS tendrá  una mayoría “que debe ser políticamente y responsablemente manejada”, añade. La Constitución  es “un proyecto humano, hecho por hombres y mujeres de este país y por lo tanto puede ser susceptible de errores”, reconoce.

El funcionario sostiene que  “las reformas que se hagan -si se hacen- corregirán errores en la Constitución, corregirán distorsiones, pero, en ningún momento violentarán el espíritu progresista, de izquierda, del socialismo del Buen Vivir”.   

Por ello considera que la  convocatoria  a  una consulta popular  dependerá del tipo de reforma que necesite  la Carta Magna, la cual establece los distintos métodos que se aplican observando la importancia de las modificaciones.