El procurador general del Estado, Diego García, confirmó este lunes que solicitará la nulidad del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que condenó al Ecuador a pagar más de 1.700 millones de dólares a la petrolera estadounidense Occidental (Oxy), por la cancelación de un contrato de operaciones en 2006.

"La Procuraduría General del Estado entonces confirma que presentará una petición de anulación y la petición de suspensión de la ejecución del laudo arbitral frente al Ciadi", manifestó el funcionario en rueda de prensa.

Tras reiterar el rechazo enérgico del Gobierno a la decisión del tribunal arbitral, García explicó que "la presentación de este pedido y su registro en el Ciadi generarán automáticamente la suspensión de la ejecución del laudo arbitral".

No obstante, García indicó que "los intereses siguen corriendo mientras continúa el proceso de anulación", el mismo que iniciará dentro del plazo de 120 días previsto por la normativa para presentar la apelación.

Será el propio Ciadi el que designará a los miembros del Comité de Anulación. El proceso en esa instancia durará entre uno y dos años.

El Procurador señaló que la defensa del Estado girará alrededor de las siguientes violaciones: un manifiesto exceso de poder en el ejercicio de competencias por parte del tribunal arbitral, la ausencia de motivación al momento de tomar sus decisiones o la existencia de motivación insuficiente o contradictoria en el razonamiento del tribunal arbitral; y la violación de reglas fundamentales del procedimiento al momento de tomar la decisión.

"Todas estas son causales de anulación que serán consideradas dentro del análisis que en los próximos días continuará haciendo la Procuraduría General del Estado en base a la decisión tomada por el tribunal arbitral", acotó el Procurador.

El Ciadi ordenó a Ecuador pagar la indemnización a Oxy por haberle anulado un contrato en 2006 y haber violado un Tratado Recíproco de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.

Ecuador sostiene que la petrolera estadounidene violó las leyes ecuatorianas y el propio convenio al haber transferido, en secreto, el 40 por ciento de sus derechos sobre el Bloque 15 (en la Amazonía ecuatoriana) a la petrolera Alberta Energy Corp (AEC), filial de la canadiense Encana.

El sábado, el presidente Rafael Correa calificó como un "nuevo abuso" la sanción. También aseguró que la petrolera incumplió "descaradamente" el contrato de operaciones en la Amazonía, a sabiendas de que la ley ecuatoriana sancionaba ese tipo de actuaciones con la caducidad del convenio.