El presidente de la República, Rafael Correa, objetó parcialmente el proyecto de Ley Derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia y reformatoria a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, a la Ley de Compañías y a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

El proyecto fue aprobado con 100 votos el 2 de octubre pasado y busca regular la organización y funcionamiento de la información crediticia de las personas naturales y jurídicas, mediante la creación del Registro de Datos Crediticios.

Los temas observados por el Ejecutivo son 16: Registro de Datos Crediticios; Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos; plazos para la entrega de información; procedimiento para la entrega de información, la eliminación del sustento desmaterializado de cada una de las operaciones crediticias, entre otros.

En la objeción se incluye que deben registrar la información crediticia también las instituciones (IESS e ISFFA), en las que se registren obligaciones de pago, las mismas que serán determinadas por resolución de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.

El modelo y la metodología utilizados para las referencias crediticias no podrán considerar para sus cálculos más de 6 años de la historia crediticia. Inicialmente eran 3 años.

La Dirección Nacional de Datos Públicos será la entidad encargada de administrar la base de datos de soporte del Registro Crediticio, la misma que contendrá la información crediticia de los últimos 6 años y no de 20.

Además, se incluye al artículo 1611 del Código Civil, que el Directorio del Banco Central del Ecuador podrá determinar, mediante regulación y por segmentos, todos los casos en los que los pagos se imputen primeramente al capital.