El objetivo trazado aquí fue el de remodelar los inmuebles existentes y construir la nueva infraestructura para que responda al modelo de gestión.

Una de las metas más ambiciosas ha sido dirigir las acciones para adecuar  y mejorar los espacios existentes y crear edificios inteligentes para garantizar flexibilidad, seguridad, comunicación y autonomía en las 24 provincias, por un total de 187 edificaciones o intervenciones para  mejorar el servicio.

En este eje, la Veeduría recomienda construir unidades judiciales tomando en cuenta la proyección del crecimiento poblacional por las tendencias de movilidad humana, conflictos y medio ambiente. Por ejemplo, para zonas mineras o petroleras en las que hay un gran flujo de nuevos habitantes que requieren servicios judiciales accesibles, por lo que debe configurarse un proceso de análisis de costo-beneficio por la  ubicación y el nivel de acceso a la justicia, especialmente en las zonas donde se desarrollen proyectos estratégicos estatales.

Por un principio de transparencia, de control social y ciudadano, asimismo, se recomienda que el CJT debe publicar las fases precontractuales y contractuales, así como los avances de las obras, costos, valores unitarios de metro cuadrado de construcción y toda la información de los contratistas.

La Veeduría destaca que se ha observado que algunos contratistas han subcontratado y en algunos casos han dejado a los subcontratistas sin recursos suficientes para cumplir a cabalidad las obras, por lo que se recomienda que se realicen fiscalizaciones físicas de la infraestructura, pero también del cumplimiento de los contratos, tanto con los subcontratistas como con sus trabajadores, a fin de que no se vulneren sus derechos laborales.