Publicidad
Miembros de CorteIDH viajaron a Sarayacu
Una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) partió este sábado a las 07:30 en un helicóptero del Ejército hacia la comunidad amazónica Sarayacu, en la provincia de Pastaza, donde ocurrió una presunta violación a los derechos humanos por la exploración petrolera de la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) en el 2002.
La comitiva integrada por su presidente, Diego García Sayán, la jueza Rhadys Abreu Blondet y representantes de la CIDH llegaron a la comunidad, luego de sobrevolar alrededor de 40 minutos el área donde operó la petrolera, informa la agencia pública Andes.
A las 11:00 partirán hacia el sitio varios funcionarios del Estado ecuatoriano como la ministra de Justicia, Johana Pesántez, delegados de la Procuraduría, Guillermo Loza, gobernador de Pastaza y Carlos Viteri, secretario ejecutivo del Instituto para el Ecodesarrollo Amazónico.
Al momento, los delegados de la Corte IDH entrevistan a varios pobladores del pueblo Kichwa de Sarayacu para recabar más información y constatar in situ las denuncias presentadas por los pobladores en el organismo internacional.
Luego de esto partirán hacia la comunidad de Jatun Molino. Los pobladores de esta comunidad denunciaron agresiones del pueblo de Sarayacu, por el apoyo a la empresa CGC, cuyos testimonios fueron presentados en la audiencia celebrada en San José de Costa Rica, en julio del 2011.
Este sábado, durante el Enlace Ciudadano, el presidente Rafael Correa puntualizó que el Estado Ecuatoriano realizó la invitación a la CIDH para que realice la visita.
La comunidad de Sarayacu presentó en el 2003 la petición de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en relación a la inconsulta decisión del Estado ecuatoriano de permitir la operación petrolera del denominado bloque 23 que fue adjudicado a la empresa argentina CGC en 1996.
Los pobladores denunciaron un ingreso arbitrario de trabajadores petroleros y militares a este territorio amazónico en el 2002 y 2003, además de la colocación de alrededor de 150 kilos de explosivos, lo que puso en peligro la vida de las comunidades y la biodiversidad.
El contrato con la petrolera fue cancelado en el 2010, sin embargo un dirigente indígena aseguró que algunos de los explosivos no fueron detonados y todavía se encuentran bajo tierra.