La mayor parte de las corporaciones hidrocarburíferas gasta cientos de millones de dólares cada año en campañas de lobby y de relaciones públicas con el objetivo de influenciar las políticas climáticas y energéticas.

El objetivo es negar cualquier responsabilidad suya en materia medioambiental o de derechos humanos.

Desde 1964 a 1990 Texaco (ahora propiedad de Chevron) vertió  miles de millones de litros de residuos tóxicos provenientes de sus operaciones petrolíferas en la selva amazónica ecuatoriana durante sus trabajos en los 80 y parte de los 90. En esa década  abandonó el país y los amazónicos consideran que incumplió su obligación legal de limpiar el daño hecho.

Chevron ha recurrido a maniobras jurídicas y a influyentes empresas de relaciones públicas y grupos de presión para reducir el efecto de las críticas. Y es que en todo el mundo se han hecho documentales sobre la lucha emprendida en Ecuador.

El 30% de la selva ecuatoriana, unos 5.000 kilómetros cuadrados, está contaminado por el petróleo. Los 300 pozos abiertos generan 20 millones de litros diarios de desechos tóxicos que son derramados sin tratamiento previo en 1.000 charcas a cielo abierto. Se filtra por la tierra y con la lluvia llega a los ríos y contamina los cuerpos de agua. 

Cada día se queman en gigantescos mecheros junto a los pozos 50 millones de metros  cúbicos de gas sin control ambiental, provocando una lluvia ácida. La mortalidad en la Amazonía ecuatoriana es el doble de la nacional. Tienen el triple de casos de infecciones en la piel y el doble de anemias, micosis, desnutrición y tuberculosis. La incidencia del cáncer es seis veces mayor.