Rigurosos concursos se avecinan para llenar las vacantes que dejen los burócratas inmersos en la compra de renuncias voluntarias.

Desde el Gobierno se anuncia el fin de procesos cerrados que se efectuaban anteriormente y a los que la ciudadanía no tenía acceso.

Pues ahora, las personas comunes se convertirán en protagonistas activos del proceso de selección de los nuevos funcionarios estatales.

La compra de renuncias voluntarias no solo busca reducir el tamaño del Estado y terminar con la corrupción, sino también entrar en un modelo desconcentrado de acciones en donde el principal beneficiado es el ciudadano.

Transformar el actual modelo de gestión burocrática de las instituciones, en uno donde se apliquen  procesos  orientados por los principios de administración pública establecidos en la Constitución, está entre las metas del Gobierno.

Del mismo modo, otros objetivos son la desconcentración del Ejecutivo en el territorio, mejorar la prestación de servicios acercando el Estado a la ciudadanía y potenciando la gestión de las carteras estatales en  el territorio.

Mientras que, la corta semana que empezó hoy estará marcada por las distintas acciones que emprenderán los gremios de servidores públicos en rechazo a la compra de renuncias obligatorias en varias entidades del Estado. La Federación de Servidores Públicos del Ecuador anunció para este día un encuentro con sindicatos y comités de empleados para definir las medidas por tomar.

La acción del régimen se ampara en el Decreto 813 que se sustenta en la Ley Orgánica de Servicio Público aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional. Los gremios de médicos de Guayaquil y de Quito efectuarán sendas concentraciones en rechazo a la medida.

En el país las actividades se suspenderán desde este miércoles hasta el próximo lunes, con motivo del feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

El MPD anuncia un juicio a ministro

La directiva del Movimiento Popular Democrático (MPD) afirmó que, a través del bloque de asambleístas, iniciará un juicio político en contra del ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa.

Lo acusan de ser el responsable de la compra de renuncias voluntarias en diferentes entidades del Estado. El movimiento afirmó que el funcionario ha violado los derechos constitucionales de decenas de trabajadores.