El contenido del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación será dado a conocer hoy por el ponente del cuerpo legal, Mauro Andino (PAIS).

El bloque oficialista se reunirá este miércoles por segundo día consecutivo para analizar el contenido del documento que no   pudo ser revisado en la reunión de ayer. 

Entre los asambleístas del movimiento PAIS se mantuvo  hermetismo para no revelar detalles del cuerpo legal, hasta que  se lo presente oficialmente hoy.

Ángel Vilema,  coordinador de la bancada oficialista, aclara que para ellos la ley no es tan prioritaria, pero se debe cumplir con el mandato establecido en la Carta Magna.
Sobre los acercamientos con los independientes y la oposición, reconoce que si en un mes no encontraron los votos tampoco lo podrán hacer en  3 ó 4. 

“Entonces vamos a someter a votación  y si la Asamblea no aprueba, aquellos que no lo hagan tendrán la responsabilidad política e histórica de lo que hagan, pero se aplicará el artículo 426 de la Constitución que establece que cualquier ciudadano puede pedir a la Corte Constitucional (CC)  que se apruebe una ley transitoria”, anticipa.

En cuanto a los detalles del cuerpo legal, resalta que el 50% de los cambios son acogidos por la oposición, lo cual es compartido por su coideario Virgilio Hernández, quien agrega que no se ha presentado ninguna opción para modificar la integración del  Consejo de Regulación, al destacar que la normativa tiene como objetivo defender la libertad de expresión y la responsabilidad ulterior, así como garantizar los derechos de las personas, anteponiéndolos a los intereses de los grandes medios.

Entre los   cambios implementados en el cuerpo legal está lo contemplado en los artículos 1 y 2 sobre  el objeto  de la ley que busca garantizar el ejercicio y plena vigencia de los derechos de la comunicación, y el ámbito, es decir a quien se aplica; el artículo 9 que trata de la información veraz y verificada y de la responsabilidad ulterior; las 21 facultades del Consejo de Comunicación e Información no son restrictivas; se mantiene los derechos a la  réplica y la rectificación; las sanciones de tipo económico serán  de acuerdo a la facturación del medio, el cual no será suspendido ni clausurado en caso de incumplir la ley.

De los siete integrantes del Consejo de Comunicación,  solo habrá un representante del Ejecutivo en lugar de 2 como estaba en la propuesta original; los gobiernos autónomos descentralizados (GADs) tendrán dos delegados, 2 las facultades de comunicación, y 2 la ciudadanía.

En lo referente a que la información sea veraz y objetiva, se aclara que será así cuando tenga interés público, porque según la propuesta, hay informaciones que no repercuten en la sociedad.

Para la asignación del 33 por ciento de las frecuencias entre medios públicos, privados y comunitarios,  los informes de la Contraloría del Estado y las  auditorías realizadas sobre este tema serán vinculantes.

Falta por definir  cuándo se someterán al nuevo proceso las actuales frecuencias y se conceden  puntajes extras a las personas que tienen que renovar las frecuencias  por tener la infraestructura y  mayor ventaja para poder renovarlas.