Entre los puntos controversiales está la creación de un ente regulador para controlar la emisión de contenidos discriminatorios, sexuales y violentos, así como la redistribución del espacio radioeléctrico.

Según la propuesta, el 33 % de las frecuencias quedaría en manos privadas, otro 33 % serían públicas y un 34 % comunitarias, lo que según Montúfar establecería un bloque de medios estatales pro-gobierno.

Otra batalla se libra en la Corte Constitucional, que examina el llamado Código de la Democracia tras recibir cinco demandas de gremios de prensa y partidos políticos, que lo ven como una amenaza a la libertad de expresión.

El Código establece que durante la campaña electoral los medios "se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opiniones, preferencias electorales o tesis política".

El Movimiento Popular Democrático (MPD), uno de los demandantes, solicitó que cinco magistrados de la Corte se excusen de conocer la causa porque "son candidatos del Presidente de la República a ser reelectos", según dijo.

El Ejecutivo también pidió que se aparte otro magistrado, Alfonso Luz Yunes, por unas declaraciones en las que supuestamente se manifestó en contra de la norma.

La Corte Constitucional entrará al fondo de la ley una vez que resuelva esas solicitudes, para lo que, como en la Asamblea, aun no hay fecha.