El martes anterior, durante la sesión del pleno de la Asamblea Nacional, la oposición intentó aprobar las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Este ha sido un proyecto discutido largamente y se origina cuando los asambleístas caen en cuenta que no había un marco jurídico para desarrollar las consultas prelegislativas.

Para incorporar este procedimiento a las normas, se inicia la elaboración de las reformas. Pero posteriormente entran a debate la facultad fiscalizadora de la Asamblea.

Lo oposición quería que el pleno aprobara o negara la realización de juicios políticos, mientras que el oficialismo indicaba que era una labor exclusiva de la Comisión de Fiscalización.

La norma fue dialogada y PAIS como sus detractores avanzaron en un acuerdo y hasta la semana pasada solo quedaban algunos puntos por definir.

Pero el martes pasado, de manera inesperada, el asambleísta ponente del proyecto, Vicente Taino, incorporó artículos que, posteriormente reconoció, eran inconstitucionales. Según él, colegas de oposición lo habían presionado para agregar las normas.

Dentro de las novedades estaba la disminución de la cantidad de votos para destituir a las autoridades de la Asamblea, incluido el presidente. También la creación de una veeduría, conformada por los partidos políticos en la Función Electoral y que autoridades locales rindan cuentas al Legislativo. Esto fue interpretado por el oficialismo como un intento de crear inestabilidad política.