A pesar  de que la Función Ejecutiva estableció a la Ley de Consejos Nacionales para la Igualdad como una prioridad, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aún no califica el proyecto de ley para que inicie su trámite. A pesar de que el texto no llega al pleno, ya existen reparos desde los sectores de oposición. 

El 31 de mayo pasado, el Ejecutivo envió el proyecto legal a la Asamblea con el objetivo  de que sea analizado por alguna comisión  antes de enviarlo al pleno. No obstante, la norma aún no ha sido avalada por el CAL, que estaba ocupado con la elaboración del instructivo para  las consultas prelegislativas, lo que se complicó por la enfermedad de Fernando Cordero, titular de la Asamblea.

El cuerpo legal, que consta de 10 artículos, 10 disposiciones transitorias, 15 reformatorias y nueve derogatorias busca   eliminar la discriminación contra las mujeres, colectivos de género, grupos de atención prioritaria y pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montubias y cholas.

El proyecto insta a   crear   cinco consejos nacionales para la igualdad:  Género, Intergeneracional, Étnico, Discapacidades y Movilidad Humana.

Estas instituciones reemplazarían a las   seis entidades públicas de transición en vigencia:  Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conna), Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades  y Pueblos del Ecuador (Codenpe), Consejo de Desarrollo Afroecuatoriano (Codae), Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa (Codepmoc), Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) y la Comisión Transitoria  para la Igualdad de Género.

Sin embargo, los legisladores de oposición han realizado sus objeciones a la iniciativa legal, entre las que destacan la generalización de los consejos de igualdad y la conformación de sus miembros.

“Creíamos superado el tema de la generalización étnica. No estoy de acuerdo  que se meta a todos en un mismo saco. Actualmente hay consejos transitorios que desarrollan las potencialidades  de cada grupo vulnerable. Por ejemplo,  la mayoría de indígenas está  en el sector rural, pero casi todos los hermanos afrodescendientes se ubican  en el sector urbano. Es necesario  enfocarse en una de estas realidades y desarrollo de cada pueblo”, expresó el asambleísta Marco Murillo.

En la misma línea, Ángel Medina, secretario general de Codenpe, se opone a que la norma elimine a las seis instituciones antes citadas. “Desde el nombre existe un tratamiento peyorativo porque debería llamarse consejo plurinacional. Además, no existió socialización con los pueblos”, lamentó. 

Sin embargo, Pedro de la Cruz (PAIS), integrante del CAL, no considera que el proyecto generalice o, peor aún,  sea excluyente. “En primer lugar, se visibiliza a los sectores marginados de la sociedad que necesitan acción afirmativa.

Luego, los cinco consejos nacionales son vitales porque  generarán las políticas públicas en favor de los colectivos sociales”, explicó.

El artículo 156 de la Constitución estipula que los consejos tendrán atribuciones en la formulación, transversalización,  seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con temas de género, etnia, interculturalidad,  discapacidades y movilidad humana. Así, sus integrantes coordinarán acciones con los organismos especializados en todos los niveles de Gobierno. 

Tema de género va a debate

La potencial unificación de las agrupaciones feministas y de los representantes GLBT en un solo Consejo de Género ha ocasionado un amplio debate.

Érika Lasluisa, dirigente feminista de la Universidad Técnica de  Ambato, explicó que el establecimiento de un consejo permanente para mujeres es un triunfo histórico que permitirá la paridad de géneros en los órganos de control del Estado, pero lamentó que se incluya a los grupos GLBT en la misma entidad.

Mientras tanto, Diego Endara,  dirigente GLBT, explicó que lo importante es el reconocimiento de los derechos y garantías constitucionales para los grupos emergentes y las mujeres, “ya que a mediano plazo serán las secretarías técnicas que  diversificarán los consejos de igualdad”.