Representantes de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) expusieron este miércoles, ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, los argumentos por los cuales rechazan el Proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social.

La sesión inició con cerca de una hora después de lo previsto, debido a que Paco Velasco, presidente de la Comisión, llegó atrasado. Ello molestó a los representantes de la banca que estuvieron a punto de abandonar la cita, que finalmente logró instalarse tras las disculpas ofrecidas por Velasco.

Joaquín Morillo, de la ABPE, señaló que el proyecto reduce el respaldo patrimonial de las instituciones financierias, por lo que desde el punto de vista económico es inconveniente para el desarrollo del país.

Indicó que existen otros sectores económicos que tienen iguales o mayores utilidades que la banca y se les da un trato diferente, por lo que a su parecer no hay equidad. Bajo estos argumentos solicitó a la Comisión de Régimen Económico se archive el mencionado proyecto.

Recordó que en el año 2011, la banca privada tuvo una utilidad neta de patrimonio del 17,29%, siendo menor al de otros sectores. Presentó así cifras de los supermercados, con el 18,10%; las actividades inmobiliarias 28,23%; seguros privados 21,27%; explotación de minas y canteras 25,79%, entre otros.

En ese sentido, dijo que sin embargo solo se ha tomado en cuenta a la banca para financiar el Bono de Desarrollo Humano como una especie de justicia redistributiva, sostuvo Morillo.

Explicó que al momento existen siete millones de depositantes en el Ecuador, lo cual genera 20 mil millones de dólares en depósitos, doblando el número de clientes en apenas seis años. Consideran que ello es debido a que el cliente disfruta de un sistema bancario de calidad con créditos que permiten su desarrollo.

"Para otorgar créditos bancarios es necesario que la banca cuente con un patrimonio bancario y eso lo obtiene de las utilidades y si éstas se disminuyen no se podrá otorgar créditos a los cuentaahorristas", agregó.

Dijo que en el año 2011 el total de aportes de la banca al Estado fue de 309 millones de dólares y en el 2012 ascendería a 345 millones de dólares.

De su lado, Xavier Vaca, representante de la Red Financiera Rural, pidió al organismo legislativo que los bancos especializados en microfinanzas tengan una excepción dentro de los artículos que discute la Comisión para no afectar su capitalización, tomando en cuenta que son entidades diferentes respecto de la banca comercial, es decir, reducir del 3% al 1% de los ingresos grabables.