Esta tarde se realizó la audiencia de formulación de cargos por el supuesto delito de perjurio y falso testimonio en contra de Pablo Chambers, Gerardo Portilla, Víctor Hugo Hidalgo y José Quishpe, quienes fueron parte de la veeduría de los contratos de Fabricio Correa con el Estado.

A la diligencia, que se llevó a cabo en el Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha, no asistieron los veedores, pero sí el abogado defensor Ramiro Román.

El juez Fabián Yánez dispuso la prohibición de salida del país para los acusados y la presentación cada 15 días ante el juzgado. También se abrió la etapa de instrucción fiscal.

El presidente Rafael Correa inició una demanda penal en contra de estas personas, a quienes acusa de manipular documentos y de presentar una conclusión falsa en su informe.

En el documento aseguran que Correa conocía los contratos que firmó su hermano con el Estado.

Además, los demandados afirmaron que los contratos ascendían a $ 657 millones y que hubo un perjuicio para el Estado de $ 140 millones.

Los veedores acudieron la semana pasada a las embajadas de Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y Gran Bretaña para presentar las solicitudes de asilo político, pero no han recibido ninguna respuesta hasta el momento.

Chambers ha asegurado que está siendo perseguido por el Gobierno. Correa ha desmentido en varias ocasiones que sabía de los negocios de su hermano.