Durante décadas el pensamiento neoliberal estigmatizó la gestión pública para justificar la desinstitucionalización del Estado y legitimar la entrega de nuestros países al dominio del capital así como de las burocracias internacionales, se pretendió asignar el concepto de eficiencia como patrimonio exclusivo del sector privado; afortunadamente, algunas naciones latinoamericanas están recuperando el trascendente rol de una política pública activa para impulsar procesos de desarrollo y transformación de la sociedad.

En este contexto, en América Latina es imperativo superar los límites de la gestión estatal anclada a la figura del Ministro quien, frente a la debilidad institucional y a la casi generalizada cultura obstruccionista de la burocracia, en la mayoría de casos asume el cargo incorporando un equipo de trabajo de su confianza con el que pretende mostrar logros en el menor tiempo posible y así extender su permanencia en funciones por el mayor tiempo posible.

El principal efecto negativo de este modelo de gestión es que aún teniendo una extraordinaria concepción de política pública la implementación de los programas tiende a ser ineficiente con lo cual la insatisfacción ciudadana se manifiesta tarde o temprano como consecuencia de la prestación de servicios de mala calidad.

Es decir, la renovada acción estatal encuentra límites en la ausencia de institucionalidad que garantice la permanencia en el tiempo del esfuerzo transformador, por lo cual una de las tareas revolucionarias es emprender en la estructuración de un Estado eficiente en el uso de recursos, eficaz en el logro de resultados y efectivo en la concreción de los objetivos nacionales que constituyen la propuesta política realizada a los ciudadanos.

Esto demanda de una organización estatal donde exista una definición clara de las competencias, de las misiones institucionales, de sus objetivos estratégicos y de los procesos asociados al cumplimiento de metas; en síntesis, se requiere congruencia entre la planificación nacional, el planteamiento estratégico institucional y la acción operativa, de esta manera se evita una suerte de gestión populista que puede atentar contra la intención primaria de una propuesta seria de gobierno.

En este contexto, es fundamental que las autoridades gubernamentales gestionen sus respectivas carteras para lograr alta valoración general en la sociedad producto de la implementación de políticas públicas de impacto, alcanzar satisfacción de los beneficiarios directos de su acción como consecuencia de la calidad en la provisión de los servicios y asegurar el compromiso de sus colaboradores en el manejo óptimo de los recursos.

Con este fin, el Gobierno de la Revolución Ciudadana implementa el Programa Nacional de Excelencia que con seguridad convertirá al Estado ecuatoriano en un referente de eficiencia, eficacia y efectividad.