El ex candidato a la Presidencia de la República por el Partido Social Cristiano (PSC), Xavier Neira, cree que fue víctima de una confabulación orquestada por la empresa estadounidense Pfizer, que utilizó a la embajada de los Estados Unidos.

¿Cómo se originó este caso?

Se presenta en mi oficina el agregado comercial de la embajada de Estados Unidos, que se llama James Sullivan. Él tenía algunos años en la embajada y había hecho una buena labor en su campo. Acude con dos abogados de la compañía Pfizer. Yo no los atendí porque no estaba. Pidieron hablar con mi hermano Jorge Neira y con el abogado Eduardo García. Como antecedente, el abogado García, socio del estudio, representa y patrocina profesionalmente a varios laboratorios farmacéuticos que tienen problemas de competencia con las transnacionales más famosas. Ellos los escuchan y Sullivan dice: “Aquí venimos a visitarlos, ellos son abogados de Pfizer, nosotros en la embajada defendemos a las corporaciones estadounidenses y les venimos a pedir que se retiren de la defensa de Acromax porque, si no lo hacen, vamos a adoptar medidas retaliatorias”.

¿Nunca se habló de retiro de visas?

Nunca nos dijeron “les vamos a retirar la visa” pero era obvia la carambola. “Vamos a adoptar medidas retaliatorias de las que ustedes se van a arrepentir”, expresaron. ¿Qué hizo mi hermano y el abogado García, con buen criterio? Le mandaron una carta a la embajadora en la que denunciaban la presencia de este señor y el mal rato que habían pasado. La embajadora contestó generalidades, vaguedades, que el señor es el agregado comercial y que está en su derecho de ayudar a las compañías norteamericanas.

¿De dónde es Acromax?

Es una compañía ecuatoriana que tiene más de cincuenta años en el mercado. Fue creada por ecuatorianos y un argentino que luego se quedó a vivir aquí, el señor Guillermo Campos; y ahora es propiedad de un consorcio argentino.

¿Qué pasó con los juicios?

Hubo varios procesos con Pfizer. Todos esos juicios han terminado siendo adversos a Pfizer.

¿Usted los ganó?

Yo no soy abogado; soy economista. El doctor Eduardo García, mi socio, es quien patrocina a Acromax. Los juicios los ha perdido Pfizer. Inclusive en abril de este año, la ministra de Industrias y Productividad, luego de un largo proceso, de una queja administrativa por competencia desleal hecha por laboratorios que compiten contra Pfizer, dictó una condena y le impuso una multa de 550.000 dólares, aproximadamente. Pfizer ya pagó esa multa. El caso ya está cerrado. Es un caso muy interesante. A nivel de Grupo Andino, hace muchos años, se firmó la decisión 608 que establece las reglas para las competencias comerciales, que forman parte de este derecho económico nuevo.

En Ecuador no había una ley nacional que controle las prácticas de la competencia desleal, entonces no se podía aplicar la decisión 608 del Grupo Andino. Cuando llega el presidente Correa y descubre que no hay ley nacional; hasta que se dicte una ley por parte de la Asamblea, expide un decreto ejecutivo en marzo del año 2009. El decreto es el 1614 que se dicta para regular la competencia desleal y sobre la  base de ese documento, estas compañías denuncian a Pfizer, la cual los enfrenta con juicios administrativos que después de algunos meses los resuelve la ministra Sión, condenándolos. Eso es parte del rollo. En realidad yo he sido involucrado sin ser parte de esto.

¿Intervino un criterio político?

Por supuesto. Que no haya duda. Yo fui víctima de una confabulación, como efectivamente lo denuncié hace cuatro años,  cuando presenté una demanda en la corte federal de los Estados Unidos contra Pfizer y tres diplomáticos.

¿Qué ocurrió con ese juicio?

Está detenido porque el Gobierno americano, basado en información falsa producida por la embajada, me aplicó la Ley Patriota, que castiga a criminales internacionales y terroristas.