El Gobierno de Ecuador acatará la sentencia a favor de la comunidad sarayaku dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIHD), informó el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

Ese tribunal, con sede en la capital costarricense, condenó a Ecuador por otorgar a inicios de los años 90 una concesión petrolera en territorios de los sarayaku sin consultar con las comunidades nativas que estaban opuestas al proyecto.

El fallo señala que la concesión facilitada en 1996 por Ecuador a la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) violó la propiedad comunal indígena y su identidad cultural.

Mera explicó que aunque esto no es responsabilidad del actual régimen, la decisión de la Corte será acatada. "La Corte ha pedido que hagamos disculpas públicas, las haremos en su momento –vamos a estudiarlas- hay reparaciones económicas que vamos a pagar, sabemos que esto no es responsabilidad del presidente (Rafael) Correa sino del (ex) presidente (Lucio) Gutiérrez", dijo el funcionario a periodistas.

"La sentencia nos la entregaron ayer, estamos estudiándola, hay una serie de pagos que hay que hacer, los haremos en su momento", reiteró.

Consultado sobre la posibilidad de aplicar el principio de reparación, Mera dijo "lo vamos a considerar porque hubo decisiones tomadas desde las más altas esferas del poder en el gobierno de Gutiérrez que llevaron a no consultarle a la comunidad Sarayaku sobre la explotación petrolera, y originó hechos de violencia que nos están ordenando reparar".

Como parte de la sentencia, Ecuador deberá organizar un "acto público de reconocimiento" de su responsabilidad en este caso.

Al respecto, Mera explicó "que la Corte ha dicho que ya ha habido una reparación, porque yo personalmente la di en la comunidad sarayaku delante de la Corte y delante de la comunidad, pero ha dicho que además de eso, una instancia pertinente del Gobierno realice una ceremonia pública (de disculpas) preferentemente en la comunidad. Eso lo vamos a estudiar a ver que autoridad tiene que ser".

José Gualinga, presidente de la comunidad sarayaku, indicó en un comunicado que su pueblo se mantendrá atento para que la sentencia "sea cumplida" y manifestó la satisfacción de su pueblo "por esta victoria".

En su fallo, el tribunal ordena al Estado ecuatoriano "neutralizar, desactivar y retirar" los explosivos (pentolita) instalados en el territorio sarayaku.

También impone la obligación de consultar a los indígenas "en el eventual caso que se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio".