Entre 1978 y 1999, el Estado ecuatoriano destinó 33.880,5 millones de sucres al financiamiento del quehacer político de 16 partidos vigentes en aquella época.

Los recursos provenían del Fondo Partidario Permanente (FPP), un rubro cargado al Presupuesto General del Estado por disposición de la Ley de Partidos Políticos, creada en 1978 por la dictadura militar.

La Ley de Partidos, vigente hasta julio de 2009, establecía una partida anual  equivalente al 0,5 por mil de los egresos fiscales. El 60% del fondo se repartía igualitariamente entre las organizaciones registradas en el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) y 40% de acuerdo a los votos que se obtuvo en las últimas elecciones pluripersonales.

Para los actores políticos, el FPP es importante y fue ratificado por el actual Código de la Democracia (que reemplaza a la Ley de Partidos). Desde el año 2000, el Estado ha distribuido 15,9 millones de dólares entre nueve partidos, de los cuales cuatro se han beneficiado durante los 33 años de vigencia del fondo y dos lo han hecho por más de 25 años.

Fausto Camacho, vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ex director de Organizaciones Políticas en el ex TSE,   contó que desde 1978 la ley ha sido modificada en más de 30 ocasiones, principalmente en lo referente  al cálculo del  FPP y al método de asignación.

Aunque los fondos son públicos, la ley establecía mínimos controles sobre la calidad del  gasto: que haya  documentos y comprobantes debidamente organizados, fechados y foliados sobre el destino de los recursos y que esos archivos sean conservados durante cinco años.

Los informes se entregaban anualmente al  desaparecido TSE y servían como requisito para la nueva asignación.
Partidos como la Democracia Popular (hoy UDC), el Movimiento Popular Democrático (MPD), el Partido Social Cristiano (PSC), la Izquierda Democrática (ID), el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y el Partido Socialista (ahora PS-FA), en mayor o menor porcentaje, participaron  del FPP.

A partir del 2002 se sumaron a los  beneficiarios el Partido Renovador Institucional  Acción Nacional (Prian),     Sociedad Patriótica (PSP) y el Movimiento Alianza PAIS (AP).

Cabe señalar, que a más del FPP, la ley anterior también contemplaba una partida para reposición del gasto electoral, equivalente al 0,5 por mil  de los egresos fiscales. Ese fondo era distribuido entre los partidos según los votos obtenidos.

El rubro  fue eliminado con la Constitución de 2008 y en el Código de la Democracia se dispuso que el Estado asuma  los costos de campaña en radio, televisión, prensa y vallas publicitarias a fin de que distribuya esos espacios de forma igualitaria entre los participantes.

Bajo la consigna de que “no hay democracia sin partidos políticos”, el FPP continúa  vigente, pero con regulaciones más estrictas sobre el tipo de gasto. Participan de la distribución los partidos que obtengan  el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas, los que tengan al menos tres asambleístas, los que hayan conseguido el 8% de las alcaldías o los que tengan al menos un concejal en el 10% de los cantones.

El FPP es el equivalente al 0,3 por mil de los egresos fiscales, que se financiará   sustancialmente con las multas que recaude el CNE y se complementará  con recursos del Estado. De ese monto, el 50% se distribuirá en partes iguales a las organizaciones políticas que cumplan los requisitos, el 35% para los votos obtenidos y el 15% financiará el Instituto de Investigación y Análisis Político, creado por el Código de la Democracia.

La ley también limita el gasto: publicaciones, capacitación, investigación política y mantenimiento de las organizaciones políticas. De lo cual exige un reporte anual.

No obstante, las nuevas reglas se aplicarán para los comicios electorales  del 2013, pues  la reinscripción de   partidos políticos que también dispone el Código aún no concluye. Pero la  distribución del FPP por los períodos  2010-2011 está prevista para los próximos días y el monto global superaría los  11 millones de dólares.