El ministro de Justicia, Lenin Lara, explicó hoy las medidas que el Estado ecuatoriano ha tomado para cumplir con la sentencia dela Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) respecto al caso del pueblo indígena kichwa de Sarayaku.

La sentencia tenía como fecha de cumplimiento el 25 de julio pasado. Según el ministro, un día antes de culminar ese plazo se efectuó el pago de 1380,000 dólares a la cuenta del pueblo Sarayaku, ubicado en la provincia de Pastaza, para cumplir con la reparación de daño ocasionado luego de que el 26 de julio de 1996, sin el consentimiento de la comunidad,se suscribiera un contrato de participación para la exploración petrolera en el “Bloque 23”, entre Petroecuador y el consorcio conformado por la Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) y la Petrolera Argentina San Jorge S.A.

El espacio territorial otorgado para la exploración comprendía una superficie de 200.000 hectáreas, en la que habitan varias asociaciones, comunidades y pueblos indígenas, entre ellas la de Sarayaku, cuyo territorio ancestral y legal abarcaba un 65% de los territorios del “Bloque 23”.

El 27 de junio de 2012, la CIDHemitióla sentencia sobre el caso: declaró culpable al Ecuador, tomando en cuenta los derechos sobre la propiedad comunal indígena y la identidad cultural, de permitir que una empresa petrolera privada realice actividades de exploración petrolera en su territorio sin consulta previa.

Además, el estado ecuatoriano fue considerado responsable de poner en grave riesgo los derechos a la vida e integridad personal del pueblo Sarayaku, debido a la introducción de explosivos de alto poder destructivo en varios puntos del territorio indígena.

Lararecordó hoy que, como parte de la sentencia, también se cumplió con presentar a nombre del Estado las disculpas públicas el 19 de julio pasado con la presencia del abogado del pueblo Sarayaku en la ciudad del Puyo. Incluso, tres meses después se lo hizo en traducción kichwa.

Otra de las medidas que se ha adoptado es la creaciónde una comisión técnica que siga con el proceso de retiro de la pentolita en la zona. “No tenemos una cifra exacta de la cantidad de explosivos retirados, fue un proceso de 8 meses, dirigido por el Grupo de Intervención y Rescate (GIR)”, dijo.

Otra de las actividades -como parte de las medidas que señala la sentencia-, es la capacitación de 7.000 funcionarios y funcionarias de la policía, sobre derechos colectivos.

Acerca del pedido del pueblo Sarayaku de no hacer ningún tipo de exploración y explotación de recursos en su territorio, el Ministro respondió que si el Estado decide hacer uso y aprovechar los recursos naturales y estratégicos, lo hará apegado a la Constitución y a las normales legales vigentes.

Comisión investiga presunta masacre

Con respecto a la presunta matanza de miembros de la comunidad en aislamiento voluntario de los Taromenani, supuestamente ocurrida el 29 de marzo pasado en una zona intangible del Yasuní (Orellana), el ministro Lara declaró que se ha establecido una comisión que está trabajando en el plan de medidas cautelares.

“Se envió un informe en el mes de abril a la comisión, la cual está realizando las investigaciones necesarias”, para aclarar ese tema, indicó.