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En el vecino país del sur solo un militar custodia el límite territorial
En Perú denuncian explotación minera ilegal procedente de la frontera con Ecuador
En Perú, un país cuya superficie bordea el 1’285.215 km², las noticias que llegan desde la frontera están animadas por denuncias de actividades ilegales.
Superado el conflicto que Ecuador y Perú sostuvieron entre enero y febrero de 1995, cuyo escenario fue la zona del Cenepa, el protagonismo del sitio disminuyó. Ha resurgido ahora, en el vecino país del sur, información de esta zona luego de que una reportera del programa de televisión peruano Panorama realizara un reportaje en el cual presuntamente ecuatorianos extraen minerales de manera informal en la frontera de ese país.
En el programa se muestra cómo diariamente un grupo de personas aseguran extraer un promedio de 60 a 70 kilos de material pétreo, del que obtienen de 2 a 3 gramos de oro, que es vendido en el mercado local ecuatoriano en $ 20 o $ 25.
En el informe de cierre de pasivos ambientales emitido por la Compañía Minera Afrodita, y realizado en 2009 con la intención de explotar unas 5.008 hectáreas de la Cordillera del Cóndor, en el lado peruano, resalta que las vetas en que los ecuatorianos trabajarían están abiertas desde 1983, dando como resultado un total de 142 bocaminas y desmontes, que ocupan cerca de 2,7 hectáreas de superficie, lo que suma unos 2 kilómetros de profundidad en total.
De acuerdo con el registro de 2010, en la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe existían unos 100 puntos de minería ilegal. Ese, además, sería el lugar desde el que parten los ecuatorianos hasta alcanzar, por vía terrestre, unos 1.625 m s.n.m. en los que se encuentra la zona del Cenepa. Poblaciones como Paquisha y La Herradura se cuentan entre las que conforman la ruta. Del lado peruano la realidad es distinta. La forma de acceso hasta este sector es únicamente aérea y, en gran medida, eso representa una limitación frente al desarrollo: carreteras, luz, agua o teléfono, no se han materializado todavía en este sitio.
“Esperamos hasta que la guardia militar cambie de turno para cruzar la frontera” dice ante las cámaras uno de los ‘cuñeros’, como se conoce en el Perú a los mineros informales, que es entrevistado mientras acarrea el material. Según su testimonio y el de 4 personas que lo acompañan, la mayor presión por impedir su paso proviene del ejército ecuatoriano. En los puestos militares que existen en esta parte de la frontera, la disparidad es evidente. Mientras en la parte nacional unos 4 militares armados hacen guardia alrededor de un puesto de vigilancia, en el lado peruano apenas una caseta de madera, cubierta por techo de zinc, alberga a un joven soldado incapaz de impedir el paso de nadie.
En Perú, anualmente, unos $ 2.900 millones se mueven a causa de la minería ilegal, empleando en su producción a cerca de 3 mil personas. Esta cifra supera en 12% a lo que, se calcula, produce el narcotráfico, y representa para el fisco peruano una pérdida de 5.000 millones de soles.
Conscientes de la gravedad del problema y de las condiciones que las fronteras presentan para la reproducción de este, los gobiernos de Ecuador y Colombia, en su momento, han tratado en sendos Gabinetes Binacionales con el Perú, alternativas para la disminución de dichas prácticas. En octubre del año pasado, en el último encuentro sostenido entre los presidentes Rafael Correa y Ollanta Humala, se acordó definir protocolos comunes de interdicción de minería ilegal y de atención a las víctimas rescatadas de actividades vinculadas con esta práctica. La definición de estos protocolos tendrá como base, de acuerdo con lo suscrito, la coincidencia de criterios sobre la minería artesanal y pequeña minería en zonas de frontera, objetivos similares a los que se buscan con Colombia.
Ante la pregunta “¿Cómo actúas ante el paso de los mineros ecuatorianos?”, el soldado peruano respondió que lo único que le queda a mano es disparar al aire. Al parecer, el conocimiento de este problema social en la frontera ha generado un manejo muy delicado de las partes involucradas, con el que se busca evitar que un posible enfrentamiento surja alrededor de estas prácticas.
En declaraciones al diario peruano El Comercio, Luis Hernández, titular de la Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza, señaló que se ha buscado no hacer más grande el problema. Alrededor de este fenómeno no se cuentan muertos, ni heridos, ni detenidos según su apreciación. “Quizá (los ecuatorianos) entran en son de paz. Entran, sacan lo que tienen que sacar y se van”, afirmó a ese medio de comunicación a mediados del mes pasado.
Y es que ante los graves problemas políticos que sacuden, ahora al Perú, este parece ser un tema que no acapara la atención mediática. Una vez emitido el reportaje no se ha vuelto a debatir este problema en los medios de comunicación, algo que en este país es termómetro de qué tiene valor y qué no vale para la esfera pública nacional.
Por el lado ecuatoriano, la semana pasada se creó el Ministerio de Minas, que era una subsecretaría adjunta a la cartera de Recursos Naturales no Renovables y que aún se está consolidando. Al consultar a la Cancillería dijeron que no tienen datos al respecto y sugirieron que el tema sea abordado con la cartera de Trabajo, pero todavía no realizan un pronunciamiento formal. Las Fuerzas Armadas, sin embargo, realizan un control fronterizo permanente.