La disposición del presidente de la República, Rafael Correa, respecto a que las Fuerzas Armadas no solo que podrán sino que deberán intervenir en la seguridad ciudadana, generó un conjunto de críticas de organismos de derechos humanos, de analistas sociales y políticos, de generales retirados que desempeñaron altas funciones en las Fuerzas Armadas e, incluso, la Veeduría Internacional para la Reforma de la Función Judicial -en el informe presentado en diciembre de 2012- ha llegado a cuestionar la medida desde la perspectiva constitucional.

Esa veeduría recomienda no utilizar las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, ni de investigación, salvo casos de fuerza mayor o situaciones extraordinarias enmarcadas en la ley, según dispone la Constitución.

Esta decisión es, sin duda, de gran trascendencia para la vida democrática del país y la plena vigencia de los derechos humanos, por lo que es imprescindible y urgente debatir y precisar el papel de esta institución en la seguridad interna, en la seguridad ciudadana y el rol que le corresponde a la Policía Nacional en este nuevo contexto de inseguridad.

Las razones que encierra esta decisión podrían agrupar al menos dos aspectos: las dificultades del Gobierno por reducir en forma significativa o controlar el aumento de la violencia y delincuencia; y la necesidad de actualizar la Constitución y leyes relacionadas con la misión, doctrina, formación y equipamiento, especialmente, de las Fuerzas Armadas.

Son inocultables los problemas del Gobierno por enfrentar, en forma efectiva y sostenible, el aumento de la violencia y delincuencia, en especial la incidencia de las nuevas formas de cometimiento y operación de los delitos contemporáneos: crimen organizado, narcotráfico, sicariato, secuestro exprés, delitos informáticos, lavado de activos, entre los principales, son innegables, así como la indefensión y, en ocasiones, desencanto de la población e, incluso, del Jefe de Estado sobre los resultados de los planes, programas y proyectos emprendidos por el actual Gobierno.

Al parecer las disposiciones constitucionales referentes a la misión y papel de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, según el Jefe de Estado, frenan la decisión del Gobierno por enfrentar la inseguridad ciudadana. Con este propósito es necesario tener presente lo que indica la Constitución de la República sobre su misión: el artículo 158, inciso segundo, dispone que “las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial”; y en el siguiente inciso precisa que “la protección y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y la responsabilidad de la Policía Nacional”. El artículo 163, en cambio, establece que “la Policía Nacional es la institución estatal de carácter civil armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas, dentro del territorio nacional”.

Cabe reconocer el apoyo brindado por el Gobierno al mejoramiento de las remuneraciones de las dos entidades; la dotación de nuevos equipos, armas, infraestructura, logística, tecnología y capacitación para la Policía; y de equipamiento para las Fuerzas Armadas como aviones no tripulados, lanchas rápidas, muelles flotantes y capacitación; pero aún no han producido cambios substanciales en la seguridad interna.

La respuesta inmediata de las Fuerzas Armadas a la orden del Presidente de intervenir en la seguridad ciudadana fue presentar un proyecto para entrenar a 4.000 policías militares que combatan el crimen organizado y protejan a los ciudadanos, entrenamiento que se concretó a fines del año pasado.

No hay que olvidar que en noviembre de 2011 las Fuerzas Armadas invirtieron 2 millones de dólares en “600 trajes antimotines, 90 camionetas para control de armas, linternas, boinas, brazaletes y cinturones para guardar pistolas”. Y que en octubre del mismo año presentaron un proyecto al Gobierno para que destine 6 millones de dólares para la compra de “·carabinas, gas pimienta y bombas lacrimógenas”, materiales -como es bien conocido- útiles para enfrentar manifestaciones callejeras, sociales y políticas antes que para combatir al crimen organizado y el narcotráfico.

Experiencia internacional

Según el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos”.

No hay que olvidar que los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en América Latina dejaron como legado una situación de permanente reproducción de la violencia, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos de la población. Los aparatos institucionales vinculados a las fuerzas de seguridad aún preservan características autoritarias, y los mecanismos judiciales destinados a asegurar la transparencia y la rendición de cuentas todavía adolecen graves debilidades: Poder Judicial, Fiscalía, Policía y sistema penitenciario, no han desarrollado capacidades para responder eficazmente a la prevención y represión legítima al crimen y la violencia.

Algunas Fuerzas Armadas latinoamericanas son fuerzas multipropósito, como es el caso en los países andinos, cuyas funciones abarcan desde la defensa nacional tradicional a la seguridad interior, el desarrollo económico e, incluso, juegan un papel en el mundo empresarial. Además cumplen funciones policiales, incluyendo registros y controles propios de la seguridad pública, y el patrullaje de áreas afectadas por la violencia, el narcotráfico, las pandillas u otras amenazas a la seguridad ciudadana.

La experiencia de países como México en el combate a la inseguridad, la violencia -denominada “guerra contra el narcotráfico”- arrojó como resultado, en el sexenio de Felipe Calderón, 101.199 asesinatos, según la Organización México Evalúa (Indicadores de Víctimas invisibles de homicidio, presentado en noviembre de 2012), difundido por la revista Newsweek del domingo pasado. No quedan muy atrás la violencia y asesinatos producidos en países como Guatemala y Colombia, por mencionar los principales.

Puesto que un referente histórico respecto al papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna es Estados Unidos, existe una clara separación entre las funciones de las Fuerzas Armadas y de las agencias de seguridad interior. La legislación estadounidense prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas contra sus propios ciudadanos. Sin embargo, la política exterior norteamericana suele hacer justo lo contrario al impulsar a los gobiernos latinoamericanos a utilizarlas para combatir la violencia y el crimen -incluso la inseguridad en general-, con excepción del tráfico aéreo y marítimo de drogas ilegales hacia su jurisdicción.

Hay que tener presente que desde principios de los 90 varios programas de asistencia norteamericana -calculados en billones de dólares- han alentado a las Fuerzas Armadas de la región a adoptar roles internos que para los militares estadounidenses sería ilegal dentro de su territorio.

La Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington, en su informe de 2010, destaca que es persistente la tendencia de los Estados Unidos en el último siglo a apoyar a las Fuerzas Armadas de la región para que adopten roles de seguridad interior; una tendencia que continúa vigente a través de las “guerras” contra la droga, el terrorismo y el crimen organizado.

¿En qué se diferencian los roles de militares y policías?

La doctrina, formación y equipamiento de las Fuerzas Armadas están pensados para defender el territorio nacional frente a las amenazas extranjeras. La lógica de su misión es la derrota del enemigo. Los soldados no están preparados para patrullar las calles o lidiar con criminales, quienes al igual que los demás ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Está preparada para pelear guerras, mientras que las fuerzas policiales están para hacer cumplir la ley.

Sus armas están diseñadas para matar al enemigo y no son las adecuadas para hacer frente a las actividades criminales. Tampoco están capacitados para llevar adelante investigaciones criminales, obtener pruebas, armar casos contra sospechosos o testificar en un juicio, como suelen hacer los oficiales policiales.

El rol de los militares en la seguridad interior menoscaba la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Su participación en cuestiones vinculadas con la seguridad interior los aparta de su misión tradicional.

La participación de los militares en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado los expone al riesgo de ser infiltrados por organizaciones criminales con muchos recursos que dependen de la corrupción del Estado para sobrevivir. Y las Fuerzas Armadas no son inmunes a este fenómeno.

Los policías viven entre la población, no están aislados en cuarteles, están entrenados para servir y proteger a la comunidad usando el mínimo de fuerza necesario.

Las Fuerzas Armadas, en cambio, no tienen las capacidades necesarias para llevar a cabo investigaciones (que implican, por ejemplo, averiguar la identidad de los criminales mediante interrogatorios a testigos, llevar adelante investigaciones encubiertas, utilizar tecnología forense y otras tareas similares). Tampoco pueden investigar el lavado de dinero que está detrás de gran parte de las actividades del crimen organizado. Su punto fuerte reside en su capacidad de disuadir la violencia en las calles mediante la demostración de su poder de fuego y en enfrentamientos armados con grupos de narcotraficantes.

Recurrir a los militares puede traer alivio a corto plazo cuando la violencia está fuera de control; sin embargo, es poco probable que su participación resuelva los problemas del crimen organizado, el narcotráfico o la violencia en las sociedades latinoamericanas. Estos problemas de seguridad interior requieren mucho más que el uso efectivo de la fuerza.

La distinción entre las funciones que le competen a las Fuerzas Armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales como responsables de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública de seguridad.

Definitivamente, es necesario un debate político urgente y, si es el caso, la redefinición de sus roles como se ha propuesto desde varios sectores, lo que debe plasmarse mediante ley.

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