“Traer al Ecuador al ex presidente Jamil Mahuad no será fácil”, sostiene Jorge Rodríguez, ex miembro de la Comisión Anticorrupción, entidad que en 1999 inició un proceso por delito de peculado en contra del ex mandatario.

Rodríguez explica que el procesamiento a Mahuad se basó en el Código Penal de 1983, el cual regía en aquella época. El primer inciso del artículo 257 establece que serán sancionados con reclusión mayor ordinaria, de 4 a 8 años. Bajo la figura de peculado, los servidores públicos que “hubieran abusado de dinero público o privado, ya sea por desfalco, malversación, disposición arbitraria o cualquier otra forma denigrante”.

Rodríguez indica que el abuso de fondos públicos radica en que se utilizó dinero en sucres para luego devolverlo en dólares devaluados procedentes del Banco Central del Ecuador, del Ministerio de Finanzas y de la Corporación Financiera. Mientras que hubo una afectación a fondos privados porque se trataba de los ahorros de los   ecuatorianos.

Con esos argumentos se inició el proceso penal, que tuvo como consecuencia el resquebrajamiento económico del país por la dolarización. Tras la resolución de la Corte Nacional de Justicia, emitida el lunes pasado, en la que se solicita la localización, aprehensión y traslado de Mahuad a una cárcel de Quito, Rodríguez destaca que, de acuerdo con la Constitución de 1998, la audiencia de juzgamiento por el delito de peculado puede efectuarse en ausencia del acusado.  

Además señala que, a pesar de conocer el domicilio y lugar de trabajo del ex mandatario “no existe manera de detenerlo” porque la orden dada a la Interpol solo podrá ejecutarse si él intenta salir de los Estados Unidos, en  donde reside desde el 2000, cuando fue derrocado. “En este momento la policía norteamericana no puede detener a Mahuad porque el pedido a la Interpol debe ir acompañado de una orden de extradición emitida por Cancillería”. Y  cita como ejemplo  a los hermanos Isaías, ex dueños de Filanbanco, quienes constan en la lista de la Policía Internacional desde hace cinco años y no han podido ser detenidos.

Para el ex miembro de la Comisión Anticorrupción es “miserable” la acción de la justicia en los últimos trece años, pues el caso ha sido conocido por 56 jueces y hasta el momento no hay sancionados y considera que los principales culpables son los abogados defensores de Mahuad, entre ellos, Patricio Vivanco, quien reconoce  ser amigo personal del ex mandatario. “Ellos siempre han creado incidentes, primero porque  han tratado de conseguir el sobreseimiento definitivo y, con sus actos, han entorpecido las acciones legales para que su cliente no salga perjudicado”, cuestionó  Rodríguez.

La resolución de la jueza Ximena Vintimilla se fundamentó en el auto de llamamiento a juicio plenario dictado el 27 de diciembre de 2011 por el magistrado Luis Pacheco Jaramillo, en el cual ya se solicitó a la Policía Nacional e Interpol la detención de Mahuad, una evaluación psiquiátrica de su personalidad y el embargo de sus bienes en el país. No obstante, en el oficio de la jueza Vintimilla no consta una fecha para instalar el juicio plenario y, a decir de Rodríguez, ello  podría demorar hasta tres meses.

Y como lo hicieron en 2011, esta vez los abogados del ex presidente también presentaron un recurso de apelación ante la Corte Nacional de Justicia de ocho páginas, en las que, entre otras cosas, argumentan que el documento de notificación sobre el sorteo de la causa no cuenta con las firmas de autenticación y, por ende, habría irregularidades en el proceso, intentando así dejar sin efecto la orden de captura y eventual deportación de Mahuad al Ecuador. El documento, presentado el miércoles pasado por la defensa, solicita a la jueza Vintimilla revocar su providencia, pero aún no hay un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia al respecto.

En el blog “Palabra Suelta”, del economista Hernán Ramos, se reseña los sucesos previos a la dolarización del Ecuador, anunciada por el ex presidente  la noche del 9 de enero del 2000, a través de una cadena nacional radiotelevisada, pese a que días antes, el 29 de diciembre de 1999, Mahuad informó al país: “Muchos hablan de dolarización (...) Quiero decirles que una decisión tan importante como esa no puede tomarse de la noche a la mañana, sin estudios profundos, que los estamos haciendo. Hacia enero (del 2000) tendremos los elementos de juicio entre las manos. Pero quiero insistir en que un cambio sustancial en Ecuador requiere cambios legales, y no es posible si no hay un acuerdo político para que esos cambios avancen”.

Y ese aparente “acuerdo político” se  alcanzó la tarde y noche del 9 de enero del 2000 en el Palacio de Carondelet tras una reunión con el Directorio del Banco Central del Ecuador, en la cual hubo tres votos -de  cinco integrantes- a favor de la dolarización. La reseña también narra que “el presidente Pablo Better se opuso hasta el final..... Mahuad intervino para convencerlo previo amenaza de juicio”.

La crisis bancaria estalló el  domingo 8 de marzo de 1999 cuando se congelaron los depósitos de los ecuatorianos con la declaratoria del “feriado bancario” que se extendió hasta el viernes 13 de marzo, decisión que desató una huelga de la Conaie y la apelación de los banqueros para ampliar el congelamiento que, en primera instancia, sería por un solo día. Los bancos reabrieron sus puertas el 15 de marzo, pero la crisis era insostenible: los transportistas  paralizaron y el Banco del Progreso fue el primero en anunciar su quiebra. Con esa antesala y la decisión de dolarizar la economía, Mahuad fue derrocado el 21 de enero de 2000 por una ciudadanía inconforme.

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