Era un acto con todas las solemnidades del caso, en el Guasmo, al sur de Guayaquil, y a esas alturas dicho sitio ya empezaba a ser invadido por asentamientos ilegales. Estaban los altos mandos del régimen, empezando por el propio primer mandatario, León Febres-Cordero; el gobernador de la provincia, Jaime Nebot, y el comandante del Regimiento Guayas, Hólguer Santana. El calendario marcaba el 23 de mayo de 1985, día de la partida de nacimiento de los Escuadrones Volantes.

“Ustedes, policías, tienen órdenes precisas, claras; tenéis el respaldo moral, legal y económico del Gobierno (...) Usad las armas porque están facultados para ello. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos, pero por los derechos humanos de los asesinos, de los delincuentes, de los terroristas, de los violadores y de los secuestradores (...) Porque si una mínima porción, ínfima porción, la porción podrida de la sociedad, tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida”, dejó claro en aquel acto Nebot con la complacencia de Febres-Cordero, quien estaba sentado en la mesa directiva junto a Carlos Julio Emanuel, en aquel entonces presidente del directorio del Banco Central del Ecuador (BCE), uno de los organismos que financió el trabajo de esos escuadrones a lo largo de la administración socialcristiana.

Y tal como se mencionó en su bautizo, y como lo denuncian sectores vinculados a la defensa de Derechos Humanos,  los grupos de élite policial que empezaron a desplegarse en la ciudad salieron a las calles con el convencimiento de que la urbe “estaba sumida en el caos” y que eso les daba derecho a utilizar estrategias al margen de la ley para acabar “con la delincuencia y el terrorismo”.

Xavier Flores, abogado experto en Derechos Humanos, publicó recientemente un artículo en donde desglosa el discurso estructurado por el régimen de Febres-Cordero para montar un escenario en el que se obvie lo ocurrido en el “combate contra la delincuencia”, pero que se recuerde el triunfo sobre ésta.     

El jurista sostiene su afirmación tomando en consideración varios aspectos abordados en textos como La Cuestión Criminal, de autoría de Eugenio Raúl Zaffaroni, en los que se analizan las técnicas de “neutralización” aplicadas en ese régimen para presentar ante la opinión pública los resultados de la lucha contra, por ejemplo, los Alfaro Vive Carajo (AVC), mas no la forma en que se combatió.

La primera técnica que aborda Flores es la conocida como la negación de la propia responsabilidad, que lleva a presentar ante la sociedad un escenario de extrema necesidad y peligro para, tácitamente, aceptar la eliminación de un “ente maligno” que amenaza al colectivo social.

Desde el inicio de su administración, Febres-Cordero fue abanderado de la lucha contra la subversión que aún era incipiente en el país, relegando de la opinión pública otros temas como el manejo económico o la intervención en la Función Judicial.    

Una segunda estrategia implementada, según Flores, entre 1984 y 1988, fue la negación del daño. Según el texto de Zaffaroni, esto se refiere a “una técnica de comunicación, resultante de que ningún masacrador quiere espantar a su población mostrando sus atrocidades, sino asustarla mostrando las que -según él- comete el chivo expiatorio”.

Flores remata esta idea con una tesis contundente: “En el imaginario de Febres-Cordero no existió daño: la victoria en la batalla contra el terrorismo es lo único que para la historia se debería contar”.

Y este es posiblemente el punto clave en las críticas hacia el Gobierno del líder histórico del PSC. Luego de exponerle al país el “riesgo inminente” que significaba AVC había que eliminarlos o como lo dijo en una entrevista a Revista Vistazo el secretario general de la Administración del régimen de Febres-Cordero, Joffre Torbay: “…a la subversión hay que matarla como a los pavos a la víspera”. 

Un informe judicial revela que durante la administración febrecorderista un total de 295 personas fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, de ese total el 19% correspondía a individuos vinculados a AVC. Entonces surge la pregunta: ¿Quiénes fueron el resto de víctimas?

Una vez lanzado el plan de Escuadrones Volantes, en mayo de 1985, el espectro de acción se amplió. Originalmente, este grupo policial se encargaría de combatir a los AVC, pero con el pasar de los meses -y con las variaciones en los discursos de las autoridades- se inició “la lucha contra la delincuencia”.

Grupos detractores del gobierno de esa ápoca denunciaron que esa tesis dio paso a una “limpieza social”. Cualquiera que haya sido la verdadera intención de Febres-Cordero o de Nebot con la ampliación del proyecto de Escuadrones Volantes, lo cierto es que tanto elementos subversivos como civiles fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos en esa administración.

Testimonio

En entrevista con este diario, Nelson Quinde, ex activista barrial, narró los hechos acaecidos un día -del cual no recuerda la fecha exacta- en el que fue víctima de torturas ante la presencia de Jaime Nebot, gobernador del Guayas en ese entonces. 

Luego de ser detenido en la Perimetral por participar en una protesta por el mal estado de los servicios públicos, Quinde fue trasladado hasta la Gobernación del Guayas. “Mi madre, en los bajos del edificio, fue agredida por un policía y cuando yo reclamé por ese ataque entre ambos comenzó un forcejeo. De ahí me fueron amedrentando con frases en contra de mi seguridad. Luego bajó (Enrique) Campuzano (intendente de Policía en ese período)  conjuntamente con un equipo de policías, entre ellos Segundo Morán, otro policía de apellido Arias, y otro uniformado cuyo nombre no recuerdo y me detuvieron. Me agarraron del cuello, del pantalón y me llevaron a la terraza de la Intendencia”, recuerda el ex dirigente barrial.

Luego de esta detención, el supuesto agitador inició a ser torturado. “Comenzaron a agredirme con cachas de revólver: si yo me rapara el cráneo tendría forma de mapa. En el techo habían dos tanques de eternit (reservorios de agua) y me metieron en uno de esos para asfixiarme. En los instantes en que me dejaban respirar, el policía Morán se paraba en mi cabeza, mientras otro uniformado me daba puntapiés en el estómago. Yo estaba esposado de pies y  manos. Para terminar la tortura, me ponían en la cabeza fundas con gas”.

Uno de los momentos que más indignación le provocó a Quinde - y que motivó que denunciara estos hechos a la Comisión de la Verdad- fue cuando el propio Nebot subió a la terraza de la Intendencia de Policía y fue testigo complaciente de las torturas. “En un momento en que pude levantar la cabeza, observé al señor Campuzano con (Jaime) Nebot; daban vueltas por los alrededores de la terraza (...) Él estuvo ahí mientras me agredían, pero por momentos se desentendía de la situación y solo se ponía a conversar con Campuzano a pocos metros de donde me golpeaban. Si él era una autoridad debía pedir explicaciones del porqué en el edificio donde él  mandaba se estaba agrediendo de forma brutal a un ciudadano (...) Era una terraza descubierta, era de día y él pasó a pocos metros del reservorio”, relata Quinde.

El monumento de LFC

En los últimos apartados del texto de Xavier Flores expone su negativa a que en Guayaquil se instale un busto -aunque en las últimas horas se habla de un obelisco- para honrar el trabajo realizado por León Febres-Cordero en sus más de 40 años de gestión política. Primero señala las corrientes de opinión de los que apoyan este gesto: “Las personas que justifican un homenaje a León Febres-Cordero ofrecen distintas razones. Algunos niegan la existencia de las violaciones a los derechos humanos o, de admitir que existieron, consideran que Febres-Cordero no fue responsable de las mismas. Otros, en cambio, justifican la comisión de dichas violaciones de derechos humanos sea porque los de Alfaro Vive Carajo eran terroristas o porque eran otros tiempos, o porque hizo obra pública en su desempeño como Alcalde de Guayaquil”.             

Al sustentar su visión, el abogado indica que si bien no se puede demostrar una acción directa de LFC en las torturas, él -como presidente de la nación- sabía de cada una de las acciones que se cometían en el plan contra “la subversión y la delincuencia”. Documentos revelados por la justicia de mediados de los ochenta muestran que León Febres-Cordero, en procesos en la corte, aceptó que “como Presidente constitucional de la República, dirigí la lucha contra el terrorismo que iniciaba su azote despiadado en el Ecuador”.

“Una persona que admite la dirección de una lucha es responsable de lo que se obtenga en ella. Si su equipo de lucha contra el terrorismo se excede en lo que se desea obtener (esto es, cometen crímenes de lesa humanidad) el director debería corregir a su equipo y sancionar a los responsables de dichos excesos. Febres-Cordero nunca hizo eso”, reflexiona Flores.

De la misma manera el analista responde a todas las personas que defienden lo hecho por el ex Mandatario al considerar que los AVC eran terroristas. “Los que justifican las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Febres-Cordero porque los de Alfaro Vive Carajo ‘eran terroristas’ o los que digan que eran ‘otros tiempos’ ignoran que en una sociedad que merezca llamarse democrática (y bajo el marco jurídico vigente en el Ecuador del gobierno de Febres-Cordero) a ninguna persona se le podía violar sus derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad física y a las garantías mínimas del debido proceso. A NINGUNA”, agrega el abogado.                                        

Esta opinión es compartida por Juan Ávila, miembro del colectivo Diabluma, que en los últimos meses se convirtió en  abanderado de la oposición a un monumento a LFC. “Lo que hizo Febres-Cordero fue grave (...) A nosotros nos acusan de ser jóvenes, de no haber vivido esa época, pero lo que estamos haciendo es recuperar la memoria histórica de Guayaquil. Él (Febres-Cordero) fue el responsable directo e indirecto de ejecuciones extrajudiciales (...) Por más que se diga que hizo una obra considerable en Guayaquil -que también nosotros cuestionamos- no se podrá borrar u obviar los crímenes que se cometieron en su administración”, afirma el dirigente del colectivo urbano.

Además Ávila sostiene que para él los actos cometidos por AVC no pueden ser calificados como “terroristas”. “Ellos (AVC) cometieron delitos, hay que reconocerlo, pero actos terroristas, como lo afirmó el régimen de LFC, no fueron”, asegura.

Al culminar el texto de Flores, el abogado afirma que colocar un monumento del ex mandatario es una incoherencia por parte de ciertos grupos porteños que critican los supuestos abusos del presidente Rafael Correa, pero recuerdan con solemnidad lo ocurrido entre 1984 y 1988. “A ellos, que celebren el busto de Febres-Cordero como en vida lo celebraron sus lacayos, a la voz de ‘el capo, el capo’, como si de un jefe mafioso se tratara, porque es a una mafia, precisamente, a lo que termina pareciéndose un grupo de personas que justifican lo que sea (hasta los crímenes más atroces y los abusos más inhumanos y degradantes) toda vez que los hizo ‘el capo’, porque si los comete otro no pensarían igual. Y ese doblez es todo cuanto puede esperarse de la gente hipócrita”, remata Flores.