El uso de los recursos públicos en la gestión y proselitismo político frenó algo que ha tenido resultados políticos sorpresivos: ya no son las grandes corporaciones económicas y mercantiles las que inyectan recursos a los proyectos políticos que les garantizaban su impunidad, enriquecimiento y ausencia total de fiscalización pública.

Por mucho tiempo nos acostumbramos a pensar que era normal que “los financistas de campaña” sean poderosos empresarios y luego ellos los que definan las políticas y hasta los ministros del presidente al que apoyaban con su chequera.

De hecho, cuando uno de esos financistas, el entonces próspero banquero Fernando Aspiazu Seminario, denunció al presidente Jamil Mahuad haberle entregado alrededor de tres millones de dólares, quedó en evidencia algo que era un secreto a voces.

Ahora, con la nueva Constitución y el Código de la Democracia hay normas y obligaciones para las organizaciones políticas. En principio buscan la equidad para la participación, pero también aniquilar esas prácticas del pasado, bajo regulaciones claras y concretas que no han sido cuestionadas por ningún líder de la oposición.

Aunque todo ello será siempre vano si no es la madurez política de los dirigentes y organizaciones la que imponga el sello de responsabilidad, ética y uso adecuado de los recursos.

Nadie le perdonará a un partido o movimiento político que los recursos destinados para la vida democrática sean usados para beneficio personal.

De ahí que sea importante que la rendición de cuentas sea oportuna, transparente y sobre todo evidencie la construcción de verdaderas organizaciones y no solamente una caja chica para el proselitismo. La democracia demanda recursos y la inversión política rentable para construir mejores procesos democráticos.

Aunque suene a lugar común, en algunos partidos no hay esa mirada. Al contrario, sienten que el Estado les entrega los fondos y ellos hacen lo que quieren. Por eso, quizá, también es indispensable (ya que se habla del “calentamiento” de las próximas elecciones) abrir el debate sobre el significado del uso de los recursos públicos para la construcción de una sociedad democrática.

De hecho, algunas organizaciones políticas han olvidado que son intermediarias entre la ciudadanía y el Estado. Por lo mismo, no se trata de constituirse en emporios sino en espacios de formación, servicio y atención a las demandas de la gente y con propuestas para el Estado.